Sánchez condicionó su aprobación a la aplicación del artículo 155 en Cataluña al compromiso de Mariano Rajoy de abordar, en esta legislatura, la reforma constitucional pendiente, y aunque el Gobierno parece querer esquivar este acuerdo, conformándose con la creación de una comisión para reformar el modelo territorial, antes o después habrá que hacerlo.
La Constitución del 78 tuvo siete padres y ninguna madre, pero reconoció la igualdad de derechos sin distinción de sexos, aunque mantuvo en vigor la prevalencia del descendiente varón en la sucesión monárquica; estableció una administración muy descentralizada y garantizó derechos fundamentales. Cuatro décadas después se hace imprescindible su revisión para actualizar el sistema electoral, reforzar y garantizar derechos sociales y económicos, hacer del Senado una verdadera cámara territorial y dar paso a un Estado federal o, al menos, lograr una delimitación entre estado y autonomías con un sistema de financiación basado en la justicia y la solidaridad. No está de más recordar que la vigente Carta Magna exige cautela para su reforma que requerirá de normalidad política «al objeto de impedir que reacciones emocionales puedan alterar las decisiones» y lograr que se efectúe en un ambiente «sin presiones sobre quienes tienen a su cargo dicha tarea».
Se hace imprescindible que así sea y el plazo de un año propuesto por los socialistas parece ir en esa dirección para distanciarse de la extrema gravedad del momento actual, equiparado por las partes en este conflicto -por razones opuestas, obviamente- con un golpe de estado.
La peligrosa inestabilidad generada y aún no resuelta, podría mejorar tras las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña. Es imprescindible calmar los ánimos y buscar el clima que previeron los sabios constituyentes. Por ahora tampoco hay unanimidad entre todos los partidos de la oposición para incorporarse al proceso, pero la situación actual no es, ni de lejos, comparable con el paso de la dictadura a la democracia que requirió lo que los sectores más reaccionarios de aquel momento llamaron suicidio de las cortes franquistas. Entonces pactaron y aprobaron la reforma política que dio paso, de la ley a la ley, a las primeras elecciones democráticas en 1977 y al proceso constituyente. Demos un voto de confianza a nuestros representantes y a su capacidad para posibilitar una reforma que atienda a problemas presentes y se anticipe a algunos futuros. Será inevitable el debate interno en el seno de los partidos y la confrontación de ideas entre sí, pero nunca será más difícil que lo logrado hace cuarenta años. Así que pónganse a la tarea, señorías, sin prisas pero sin pausa, con altura de miras y sentido del deber, que no siempre se les va a presentar la oportunidad de ocupar unas líneas en los libros de Historia.