El desafío independentista ha sido una deslealtad constitucional que ha causado un daño grave al interés general de España y ha justificado sobradamente la aplicación del 155. Fue un proceso deliberado, por lo que no son fácilmente asumibles las retractaciones de tres protagonistas en el Tribunal Supremo realizadas para obtener la libertad. Bienvenidos sean los pronunciamientos de dirigentes de organizaciones sociales que alimentaron la marcha hacia una declaración de independencia al reconocer ahora que el único referendo válido para la independencia es el que convoque el Gobierno de España y que en todo caso la secesión solo se puede conseguir dentro de la ley; o que el exconsejero de Interior prometa renunciar al escaño para el que ha sido elegido si el futuro Govern mantiene la vía de la unilateralidad. Nulo crédito merece sostener que la declarada por el anterior era simbólica; además de inconstitucional es burlarse del Estado.
Todo eso deberían decírselo a los ciudadanos que animaban a respaldar el procés en la calle y en las fraudulentas urnas. Y no solo ellos; también Puigdemont y Oriol Junqueras. En el menos malo de los supuestos, deberían reconocer el importante error de cálculo de creer que el Estado accedería a una transacción que ningún gobierno puede respaldar. Por eso los promotores han de estar a lo que les corresponda; no por defender una idea -no todo es cuestión de pasta- sino por vulnerar la legalidad que justifica los procesos judiciales. Aunque no sea necesario acudir a fuente alguna de autoridad, lo expresó de un modo rotundo un padre de la Constitución, Miguel Herrero, en la comisión sobre su posible reforma. No hay vías al margen de la Constitución salvo su reforma, corroboró Miquel Roca.
La intentona separatista ha dividido a la sociedad en Cataluña en perjuicio de la convivencia diaria y, lo que es una sardónica paradoja, ha tenido un efecto devastador para el propio nacionalismo y el catalanismo. Un enorme retroceso. Nada más revelador que la presencia en la citada comisión del que fue fundador y representante en el Congreso de la extinguida Convergencia y Unió. Puedo testimoniar su influyente participación para que Cataluña tuviera un cómodo lugar en la Constitución, aprobada allí por el 91,09 % de votos con una participación del 67,91 %. La singularidad, recordó, no genera privilegios; hace respetar al diferente.
El posible encaje del problema catalán se retrasa. Herrero lo expresó con crudeza: no se puede premiar a los delincuentes; la acción criminal no puede ampararse en que la otra parte haya cometido errores. Los gestos de proximidad, comprensión y sensibilidad, ámbito propio de la política como complemento aconsejable de la necesaria aplicación de la ley, aludidos gráficamente por Roca para reorientar el problema, quedan también lastrados por el devastador procés, con independencia de lo que ocurra en el nuevo Parlamento.