Los políticos tienen memoria selectiva. O, de manera más directa, son unos cínicos. Lo blanco en el Gobierno es negro en la oposición, y viceversa. Y le dan la vuelta al calcetín con total desfachatez. Chirría el abuso del decreto ley por parte de Sánchez, que lo denunciaba desde la oposición, y chirrían las críticas del PP, porque han sido los Gobiernos de Aznar y de Rajoy los que más han recurrido a un instrumento legislativo que se supone excepcional, reservado para casos de urgente necesidad. Sánchez aprobará hoy el séptimo en menos de tres meses. Y así como puede haber una justificación obvia para los anteriores -como el que devolvió la atención sanitaria a inmigrantes sin papeles, actualizaba las políticas activas de empleo o desarrollaba el pacto contra la violencia de género, al margen de las dudas sobre su redacción-, el que aprobará hoy para blindar la exhumación de los restos de Franco y el previsible para sortear el veto del PP en el Senado al techo de gasto presupuestario tienen un evidente fundamento partidario. Sánchez soslaya su debilidad parlamentaria con el abuso del decreto ley, que Rajoy usó para burlar una y otra vez el debate parlamentario. En ambos casos, se trata de un uso torticero del decreto ley. Pero nadie puede lanzar la primera piedra. Sánchez no puede ampararse en la justicia histórica para justificar el procedimiento ni puede alterar las reglas en plena partida. Y el PP no puede esconderse tras la fórmula para rehuir lo esencial: que hay que enterrar el franquismo y que lo excepcional es que el Senado tenga poder de veto.