Si hace poco más de un año nos dijeran que la gran crisis política del 2018 se iba a producir por asuntos de estudios, nadie lo creería. Siempre supimos que había currículos abultados, pero no pensábamos -al menos este escribidor- que la corrupción llegase a crear un tráfico de titulaciones universitarias que repartió prebendas entre algunos afortunados. Tampoco pensábamos que personas de alto aprecio social, demostrado en elecciones, se dedicarían a propiciar que les falsificasen notas y que ellos mismos falsificarían trabajos académicos, simplemente porque antes no los habían hecho y, sin embargo, fueron aprobados. Y tampoco teníamos esa cultura, elemental en otros países europeos, que provoca el cese automático de los falsificadores. De hecho, los casos conocidos jamás fueron sancionados, aunque hayan sido repudiados por la opinión pública.
Las cosas han cambiado y, efectivamente, la crisis política del 2018 es, como estamos viendo, una crisis de titulaciones y trabajos universitarios. Todo comenzó por Cristina Cifuentes, la protomártir, aunque fue ejecutada en la plaza pública por las imágenes de las cremas del supermercado. Siguió por la ministra Carmen Montón, que fue cesada en dos días, lo cual indica que el PSOE es más rápido en exigencia de ejemplaridad. Y ahora estamos enzarzados en la dichosa tesis doctoral de Pedro Sánchez, cuya liebre levantó Albert Rivera con una pregunta que parecía ingenua y resultó ser una bomba de relojería: pasó de la publicación del trabajo a la gravísima acusación de plagio.
Naturalmente, la Moncloa lo desmintió y amenazó con acciones judiciales para restablecer el honor y la dignidad del presidente. Este cronista ignora quién tiene razón en la contienda, porque lo publicado parece consistente, pero el desmentido tiene contundencia. Personalmente, no tengo motivos para dudar del mentís oficial. No puedo considerar plagio el uso de contenidos propios en un trabajo posterior. Me parece tan normal contar con colaboración externa para una tesis como para un discurso. Y el uso de informes oficiales, de dominio público, no es copiar, sino documentar.
Eso dice la teoría, pero el daño de reputación pública está hecho: se sembró la sombra de la sospecha sobre un dirigente que podrá ser mejor o peor como gobernante, pero no había reproches a su comportamiento ético. Y anotemos: es él quien invoca las palabras honor y dignidad. Si al final tuviesen razón los medios informativos, se quedaría sin ese honor y esa dignidad. Es decir, no podría seguir en la presidencia del Gobierno. Esa es la dimensión, ese es el alcance, de la crisis abierta. Y la historia no hizo más que comenzar. Ignoro si la exhumación de Franco la podrá disimular.