Bolívar era un monócrata». Así lo describía nuestro coruñés y gallego universal Salvador de Madariaga en su gran biografía sobre el Libertador. Se refería así con ingenio a su ambición por una monocracia donde la acumulación de poder le haría ser monarca sin ser rey. Hace ya veinte años, en 1999, sus nostálgicos convirtieron a Venezuela en una República Bolivariana, fundada «en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador» (art. 1 de la Constitución venezolana). Veinte años duró la vida política de Bolívar en el siglo XIX, y veinte años podría durar la vida política del bolivarianismo en el siglo XXI.
Venezuela empieza 2019 en estado crítico, arrastrando en los últimos años datos sólo comparables a países en guerra, como República Centroafricana, Yemen o Sudán del Sur: el hambre, en estado crítico (el hambre se triplicó desde 2010, según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura); los derechos humanos, en estado crítico (con una impunidad del 98 % en violaciones de derechos humanos, según Amnistía Internacional); la economía, en estado crítico (pérdida de un 44 % del PIB desde 2014 y una inflación del 10.000.000 %, según el Fondo Monetario Internacional); la seguridad, en estado crítico (el número de homicidios es once veces superior a la media mundial, considerado por la Organización Mundial de la Salud como una epidemia). Como consecuencia de todo ello, el número de ciudadanos venezolanos que abandonaron el país superó los dos millones, sólo en 2018, según la Organización Internacional para las Migraciones.
Sobre esta Venezuela en coma se cierne una fractura social y una crisis política e institucional de futuro incierto, pero poco halagüeño. En apenas unas horas, Venezuela ha pasado a tener dos presidentes, Nicolás Maduro y Juan Guaidó, y más de una decena de muertos en las calles. El desencadenante de esta situación fue el juramento del cargo de presidente por parte de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero, al que la Asamblea Nacional (Poder Legislativo) considera ilegítimo por haber sido elegido en unas elecciones que considera fraudulentas y que no reconocidas por la comunidad internacional. A causa de ello, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, invocó el artículo 233 de la Constitución para prestar juramento como presidente encargado o interino, al considerar que se produce una «falta absoluta del presidente electo» después de que la Cámara de representantes lo hubiese declarado un presidente ilegítimo.
Este pulso entre los dos presidentes se inclinará del lado del que pueda sacar más músculo en el escenario interno y en el internacional. En clave interna, será determinante la unidad que puedan demostrar los dos bloques enfrentados, el papel que vaya a jugar el ejército, en el que ya han ido asomando fisuras, y la movilización social que pueda mantener su intensidad a pesar de los actos de violencia. En clave internacional, la reacción no ha sido homogénea, como es natural, pero la presión de la comunidad internacional sobre el régimen de Maduro es mayor que nunca, con la salvedad de un puñado de países entre los que destacan Rusia y China. Desde el punto de vista del derecho internacional, la actual crisis venezolana nos sitúa ante los límites del principio de no intervención en asuntos internos y ante la práctica del reconocimientos de gobiernos ilegítimos. Estos límites se pondrán a prueba con la reacción de los principales actores internacionales, que parecen estar inclinando el pulso internacional a favor del presidente interino Guaidó, expresando el apoyo a la Asamblea Nacional como institución elegida democráticamente, en la línea de la Unión Europea y del Grupo de Lima, entre otros. Pero ni mucho menos eso será suficiente para que el régimen de Maduro permita, fácilmente, una transición en Venezuela de la monocracia a la democracia. A fin de cuentas, como afirmaba Salvador de Madariaga con ironía, Libertador rima con Emperador.