Todas las personas somos titulares de derechos y deberes, de los que disfrutamos o que debemos cumplir, independientemente de nuestra edad. Esta no puede ser utilizada para privarnos de derechos, pero tampoco puede ser el argumento para tratar a los niños como si fueran adultos, pues por razón de su minoría de edad y en garantía del interés superior del menor, resulta necesario establecer algunas condiciones en el ejercicio de sus derechos o incluso es preciso adoptar medidas especiales para protegerlos. Nuestra Constitución establece la prohibición de discriminación por razón de edad, lo mismo que la Convención sobre los Derechos del Niño o la Ley de Protección del Menor.
La creciente «niñofobia» -prohibición de entrada de menores que aplican, cada vez más, locales de negocio amparándose en su derecho de admisión-, atenta contra la prohibición de discriminación por razón de edad y es claramente inconstitucional. Sí se puede dirigir el negocio a un segmento de la sociedad, pero no prohibir la entrada a un determinado colectivo social partiendo de un juicio previo negativo: los niños van a ser una molestia para la clientela. Ellos no son ciudadanos de segundo nivel, pero sí son un colectivo especialmente vulnerable necesitado de una especial protección, que compete a varios actores, siendo los primeros, los progenitores. El comportamiento cívico de los niños es responsabilidad de sus padres, siendo sobre ellos donde debe focalizarse la atención. El civismo, la convivencia y la tolerancia son la base de la sociedad. La dirección del negocio podrá avisar a la clientela respecto a que los comportamientos molestos e importunos deben cesar y advertir que de no ser así, en ejercicio del derecho de admisión, los causantes serán expulsados del establecimiento. Este es el comportamiento exigible a todas las personas, independientemente de su edad porque no solo debemos exigir el respeto de nuestros derechos sino también ser educados y respetar los derechos de los demás.