Al margen de la posible inconstitucionalidad de la figura que se pretende que limite los alquileres (como han apuntado distintos juristas), lo primero que hay que resaltar es que la adopción de dicha medida es de una enorme complejidad técnica. Como ya advirtió incluso el propio Gobierno, tras el «revolcón» del mes pasado, requeriría primero la elaboración de una serie de índices y recopilación de datos que permitieran, primero, un análisis objetivo de la situación, salvo que «la decisión esté ya tomada» sean cual sean esos datos, como defiende alguna formación política y sus «confluencias».
Y es que no se puede tratar igual lo que es desigual. Entre unos edificios y otros, incluso del mismo barrio o calle, entre unas viviendas y otras, incluso del mismo edificio, hay (o puede haber) enormes diferencias, tanto de calidad, como de conservación, orientación, altura...
La limitación absoluta de la renta a percibir por un propietario que consiente en alquilar una vivienda de su propiedad generaría el efecto contrario a lo que se pretende: se reduciría drásticamente la oferta de vivienda en alquiler en esas zonas y se elevarían rápidamente las rentas en las áreas limítrofes.
Pero es que además la medida va en contra de todo incentivo a la rehabilitación y mejora de las viviendas antiguas, de los objetivos de eficiencia energética, de la modernización y adaptación del parque existente (en muchos casos francamente obsoleto): si no voy a poder recuperar el resultado de mi inversión en mejorar y modernizar el inmueble, que siga como está, que se siga deteriorando por el uso y el paso del tiempo... Este tipo de medidas solo benefician al parque de viviendas en peor estado a costa del producto de mejor calidad. O lo que es lo mismo, no fomenta la inversión y mejora del piso existente, en contra de lo que se debe propugnar desde todos los organismos y entidades oficiales.
Hay que intentar por todos los medios (empezando por los fiscales) incrementar la oferta de casas en alquiler, que cumple una función muy importante tanto desde el punto de vista social (emancipación de los jóvenes, movilidad laboral,…) como desde el punto de vista de recuperación de la ciudad, bien a través de operaciones de rehabilitación y renovación urbana como, directamente, facilitando la obra nueva y la existencia (siempre se pone de ejemplo Alemania) de grandes empresas destinadas a la promoción y gestión de viviendas en alquiler.
Hay que aumentar la oferta, no lo contrario. Hay que recordar lo que pasó con la LAU de 1964 y los «contratos de renta antigua», de los que todavía subsisten ejemplos, y que fue el origen de la escasez de oferta de vivienda en alquiler: ¿Quién estaría dispuesto a alquilar un piso sabiendo que se desprende de él para tres generaciones, que era lo que implicaba aquella normativa; que solo podría subir las rentas de una manera casi simbólica; que las mejoras y que las reparaciones que hiciese en la casa casi ni las iba a recuperar al cabo de decenios? Es lo que pasa cuando se interviene el mercado, y se interviene mal.
No caigamos en los mismos errores de los que España tiene un buen ejemplo en aquella ley. Atraigamos a las empresas y a los inversores institucionales a este complejo mercado (en España el 96% del mercado de alquiler está en manos privadas) para intentar profesionalizar este sector y gestionarlo adecuadamente y no expulsemos a los particulares «atrevidos» que se arriesgan a poner viviendas en alquiler diciéndoles que, encima de no saber cuándo van a poder recuperar el piso en caso de impago (otro día hablaremos de la lentitud de la justicia), lo que sí van a saber es que solo les van a dejar cobrar una renta que, en muchos casos, sería injusta para el valor real de su inmueble.