Si hay algo que sea objeto recurrente de las tertulias familiares y de amigos es la situación laboral de los funcionarios. Especialmente si hay alguno presente. Los que no lo son critican la estabilidad de la que gozan los trabajadores públicos, ajenos al vaivén del mercado laboral. Y los que están en posesión de una plaza minimizan los privilegios y los atribuyen al mérito de haber sacado una oposición. Poco importa si, años después de aprobar ese examen, se mantiene el esfuerzo, interés y la eficacia en su puesto o no.
Es cierto que los trabajadores públicos necesitan una estabilidad que los proteja de los cambios políticos. ¡Solo faltaría que la llegada de un nuevo alcalde o jefe de departamento conllevara reemplazar a los empleados públicos por afines para no ver cuestionadas sus decisiones, lo que iría en detrimentos del interés del ciudadano!
Los funcionarios tienen otra gran ventaja: son los primeros en disfrutar de las mejoras en materia laboral que aprueba un Gobierno. Puede ser consecuencia de la fuerza de sus sindicatos, pero también les beneficia el hecho de que el Ejecutivo de turno quiera hacer de ellos la punta de lanza esos cambios, para que posteriormente se extiendan al resto de la sociedad.
Es lo que acaba de pasar en los últimos días de Gobierno de Sánchez. El Ministerio de Trabajo permitirá que los empleados públicos puedan tener flexibilidad en una parte de su jornada, y puedan elegir cuándo la hacen. Además, ha elevado a 1.071 euros su salario mínimo, frente a los 900 del sector privado. No hay ninguna duda de que son medidas que mejoran las condiciones y facilitan la conciliación y la vida familiar del trabajador público. Pero ¿y el resto de la sociedad?
Aunque las administraciones públicas, como su nombre indica, están dedicadas a servir al ciudadano, poco o nada piensan en el servicio a sus «clientes». ¿O acaso que las oficinas de tráfico abran de 8 a 2 permite al ciudadano resolver sus gestiones sin afectar a su horario laboral? ¿Acaso los colegios con horario de 9 a 2 y con plazas de comedor limitadas son una opción para que una familia concilie? Son dos ejemplos, pero se repiten en prácticamente todos los ámbitos de la Administración. Y eso que los avances tecnológicos están permitiendo superar muchos de estos inconvenientes.
Nadie pone en cuestión que uno de los retos de la sociedad española es mejorar el encaje entre el trabajo y la vida familiar. Hay avances, pero los ritmos entre las administraciones y las empresas privadas no tienen nada que ver. Quienes tienen la responsabilidad no deben ceder y deben tomar las medidas necesarias para que, ya sean los salarios, ya sean los horarios o la flexibilidad, se extienda a todos los trabajadores que sea posible. Es cierto que los funcionarios han vivido muchos años de recortes salariales, pero más dura ha sido la travesía de los empleados del sector privado en la crisis, ya que han visto, no solo recortes de sueldos, sino despidos por millones. Hay que seguir curando las heridas.