La movida que se inicia en Cataluña le llaman «tsunami democrátic». Lo que es y será un auténtico tsunami es la sentencia. Sin entrar en detalles jurídicos que no corresponden a esta crónica, estamos ante un acontecimiento de máxima importancia, quizá histórica, para el futuro de este país. La sentencia es, en primer lugar, un acto de valentía del Tribunal Supremo. Los magistrados de la Sala sabían que su decisión iba a provocar una reacción del independentismo de alcance imprevisible y sin embargo, hicieron lo que tenían que hacer: aplicar las leyes, que son su guía, sin condicionarse por sus efectos. Fracasó la presión ambiental y triunfó la legalidad del Estado de derecho. Si se optó por sedición en lugar de rebelión, han perdido los fiscales y el ala dura de la política y se encontró una razón para lograr la unanimidad de los juzgadores.
Lo insólito, antes y después de conocerse el fallo, es la reacción del gobierno y el Parlamento catalán. Al Gobierno y a su presidente le marcó camino el fugado Puigdemont, que no perdió ni un minuto en hacer las cuentas de los años de cárcel. Del Parlamento se podía esperar cualquier cosa después de los espectáculos vistos y la actitud de su presidente, que animó a la movilización de forma insensata. Y en muchos independentistas de renombre se percibe un ansia de crear ambiente de agitación e insumisión que parezca una rebelión popular contra la Justicia y el Estado español. Esperan que la sentencia sea el punto de partida de una nueva fase secesionista que desemboque en la independencia.
Digamos desde la desconfianza que esas protestas, por duras que sean, tendrán una duración limitada. Discrepo de Pedro Sánchez cuando supone que esto es el final de la aventura independentista. Al revés: quizá estemos ante lo que algunos medios califican como «un nuevo ciclo». La tensión soberanista se agravará. Veremos un ceremonial insolente de no acatamiento y, por tanto, de rebeldía. Y la sentencia entra en la campaña electoral. Esquerra Republicana ya aprovechó para pedir el voto. Y es muy triste que un político aparentemente moderado, como Íñigo Errejón, se haya lanzado a considerar la decisión del Supremo como «una humillación» o «un ensañamiento». ¿Con esa forma de pensar aspira a entrar en el futuro Gobierno de España?
Tiempos difíciles y espero que no sean dramáticos. Lo que queda al final, según la verdad de la Justicia, es que no existe el derecho de autodeterminación ni el derecho a decidir. Ese será el nudo del conflicto en el futuro. Hasta ahora fracasó la política y solo tenemos la imposición judicial. Y como negro diagnóstico, el de Gabriel Rufián: esta crisis no se puede resolver si hay políticos en prisión.
