El problema, a bote pronto, no es que se rompa España por el nordeste. El auténtico quebradero de cabeza es que ni las matemáticas ni lo polarizado que está el Parlamento permiten que el país vaya a tener lo que necesita con tanta urgencia: un Gobierno con la fuerza suficiente para sacar adelante proyectos.
Pedro Sánchez será investido hoy presidente, el más débil de la historia de la democracia, si no se tuercen las abstenciones de los grupos independentistas y nacionalistas. A partir de ahí, le espera un recorrido tortuoso, probablemente breve y lleno de peajes. PSOE y Podemos van a conformar un Ejecutivo sobre la base de 154 diputados, prácticamente los mismos kilómetros que tiene la autopista entre Vigo y A Coruña. Uno se imagina a los socialistas y a los podemitas circulando a diario entre Rande y la Torre de Hércules, teniendo que parar en cabinas con nombres catalanes, vascos y turolenses (que también existen, por supuesto) y donde las tarifas pueden ir cambiando por sorpresa y sin previo aviso. Así que el precio para llegar hasta el final con una proposición de ley puede resultar previsible, demasiado alto o impagable. Pero la cruda realidad, más allá de los símiles, es que no es la clase política la que paga los peajes, sino el pueblo. Son los sufridos contribuyentes los que se ven obligados a recorrer la AP-9 y el resto de las autopistas que hay diseminadas por España.
Hacer un viaje de ida y vuelta entre las dos ciudades sobre las que pivota el desarrollo de Galicia, por cierto, se ha puesto por las nubes: 33,70 euros. Imaginemos que a esa barbaridad que lastra nuestra economía le metemos ahora un suplemento adicional. ¿Qué legislatura nos espera?