Debate: ¿Es necesaria una app en el móvil que nos «vigile» como fórmula para contener el virus?

Ni fiabilidad, ni robustez, ni eficacia suficientes

Sabemos que la tecnología (y antes la ciencia) constituye un elemento esencial para gestionar y minimizar el impacto de pandemias presentes y/o futuras. Es indiscutible, y así será. Pero, si la cuestión se ciñe a si es necesaria una app en nuestro móvil para el rastreo de nuestros movimientos para actuar contra una pandemia como el covid-19, surgirán matices.

La pregunta resulta pertinente, más aún cuando en medios de comunicación de todo el mundo se ha venido ensalzando el éxito de ciertos países en la lucha contra la epidemia en base al uso generalizado de estas tecnologías, y cuando el soporte sobre el que se basaría, el smartphone, tiene tanta penetración en nuestra sociedad que haría factible un control «universal» de la población (cualquier otra alternativa tecnológica de alcance universal es inviable a corto plazo).

Probablemente, un primer impulso nos llevará a aceptar el uso de estas herramientas sin dilación. ¿Por qué no sacrificar una parte de nuestra privacidad a cambio de proporcionar información que pueda salvar vidas? Indiscutible. Por supuesto. Pero un análisis más en detalle no dejará una conclusión tan nítida.

Para determinar si una solución de este tipo es necesaria y, antes, incluso, si es posible, deberíamos preguntarnos qué capacidades reales tiene la actual tecnología móvil para aportar información precisa, y por tanto si sería realmente eficaz en la gestión de la pandemia; hasta qué grado nuestra privacidad está en juego, qué posibles riesgos personales y sistémicos entrañaría, e incluso si realmente ha funcionado en otros países.

La realidad es que, a día de hoy, la tecnología que tenemos a nuestra disposición sobre la que se podría desplegar una solución para rastreo y control de contactos y posibles contagios a través de nuestros móviles no presenta ni la fiabilidad, ni la robustez, ni la eficacia suficientes —no está diseñada para ello—, y pone en evidencia riesgos que, desde un punto de vista de la sociedad en su conjunto, podrían llegar a ser inasumibles.

Siendo improbable que a corto plazo se superen debilidades propias de esta tecnología —su precisión en términos de información y, especialmente, su robustez en términos de seguridad—, la eficacia de la implantación masiva de una app en nuestros móviles al menos deberá ser cuestionada. Y si ahondamos en los riesgos potenciales que estas debilidades introducen en un empleo masivo, nos persuadiremos de que cualquier adopción de decisiones a este respecto deberá estar presidida por la máxima prudencia. Baste mencionar un uso indebido y perverso de información epidemiológica que estigmatice a individuos, o a territorios, o piénsese en la alta capacidad de desinformación que, en manos inadecuadas, podría poner en riesgo (esta vez sin fundamento) la totalidad del sistema económico y social que conocemos.

El debate nos sitúa de nuevo no en la utilidad de la tecnología, sino en la utilización adecuada o no de la tecnología disponible y en los riesgos que ello podría acarrear.

Si desde posiciones individuales, reflexionando en el límite de la salud desde una UCI de cualquier hospital de Galicia, nos preguntamos: ¿habría instalado una app en mi móvil que podría haber contribuido a impedir mi contagio, aunque fuese en probabilidad mínima? La repuesta es obvia.

Así pues, parecería que estamos frente a una suerte de zugzwang, término utilizado en ajedrez para identificar una posición en la que cualquier movimiento que se haga, estando obligado a ello, desemboca necesariamente en una posición peor.

La constitucionalidad de la medida podría salvarse

En esta situación de confinamiento se están utilizando de forma masiva las nuevas tecnologías. Desde las primeras puntas de lanza de piedra creadas por el ser humano hasta hoy, la tecnología ha sido siempre un arma de doble filo: instrumento formidable para el progreso, permite también otros usos mucho menos positivos. Esta misma doble faceta puede apreciarse en esta situación, como podemos ver en dos ejemplos. Por un lado, el teletrabajo. Su amplio uso ha puesto de relieve sus ventajas: ahorros de tiempo y de costes de desplazamiento, comunicación rápida entre trabajadores, empresarios y clientes. Pero también hay facetas menos amables. No siempre la calidad de las redes y las tecnologías es la deseable, y el acceso resulta todavía desigual, aunque globalmente creo que nuestro país no está mal ubicado en ese aspecto. Ese acceso tiene también un coste, y me parece que, al menos en este período, está siendo mayoritariamente asumido por los propios trabajadores. Contando mi experiencia personal como docente, creo que la docencia virtual no puede compararse con la docencia presencial, pero, para ser sinceros, está bastante por encima de lo que algunos imaginábamos, en calidad, posibilidades de comunicación y participación y vías de evaluación. Me parece que el teletrabajo no está en condiciones de sustituir globalmente al trabajo presencial, pero esta experiencia va a suponer un importante impulso, y en el futuro su protagonismo será mucho mayor.

Otro lado inquietante de las tecnologías es su utilización como forma de control de la privacidad. La geolocalización (que también tiene vertientes enormemente útiles) y las infinitas posibilidades de acceso a los datos personales eran ya una amenaza que se estaba empezando a hacer realidad, pero esta crisis ha abierto alguna nueva puerta. En estas semanas se ha debatido sobre una nueva orden del Ministerio de Sanidad que permite, por un lado, la implantación de una aplicación para la autoevaluación de síntomas del covid-19, y, por otro, un estudio de movilidad aplicado a la crisis sanitaria. Los problemas de constitucionalidad de este tipo de medidas podrían salvarse, teniendo en cuenta no solo la cobertura excepcional que ofrece la declaración del estado de alarma, sino también un examen de proporcionalidad, sobre todo considerando que la aplicación no es de uso obligatorio, y que la gestión de los datos de movilidad se debe llevar a cabo —si se respeta lo previsto en la orden— de manera agregada y anonimizada. Por otro lado, no es lo mismo la situación de España, en la que estas medidas se han añadido a uno de los regímenes de confinamiento más estrictos del mundo, que la valoración que podría hacerse en Corea del Sur, donde la geolocalización ha resultado una medida eficaz que ha permitido, además, soslayar medidas de confinamiento estrictas, sin duda más invasivas de nuestras libertades. En todo caso, aquí sí habría que esperar que este tipo de medidas desaparezcan cuando la situación excepcional finalice, aunque me temo que ya nunca lo harán del todo. Nuestros datos y nuestra ubicación van a seguir estando, no siempre previo consentimiento realmente consciente y libre, demasiado disponibles para empresas y gobiernos. La misión de los juristas es estar atentos a este tipo de situaciones, y valorar que cualquier restricción cumpla estrictamente los requisitos derivados de un principio de proporcionalidad. Pero me temo que será difícil impedir que nuestra privacidad sea la gran sacrificada por el auge de estas nuevas tecnologías.