El 12 de marzo, una semana antes de que, el día 18, el presidente de la Xunta dictase el decreto por el que se dejaba sin efecto la convocatoria de las elecciones del 5 de abril, sostuve en este mismo espacio que todo apuntaba a que los comicios no podían tener lugar a la vista de la tan fulgurante como devastadora evolución de la epidemia del covid-19. Frente a algunos supuestos finos juristas (en verdad, rasos leguleyos), que consideraban el aplazamiento electoral legalmente irrealizable, sostuve entonces que «unas elecciones no pueden celebrarse cuando no se dan las condiciones para que todos los electores puedan votar con plena igualdad y libertad».
Haciendo bien las cosas, el presidente de la Xunta negoció con los principales partidos de nuestra comunidad y, con su acuerdo, optó finalmente por lo que exigía el sentido común más elemental. Y es que, aunque pese a un contraste que luego se consolidaría, los datos de Galicia a 18 de marzo (3 fallecidos y 341 infectados, de los cuales 11 estaban en la UCI y 63 en hospitalización) eran mucho mejores que los del conjunto del país, estos indicaban ya, sin duda alguna, que, como finalmente sucedió, las cosas iban a complicarse de verdad: el 18 de marzo habían fallecido ya en España 598 personas y 13.716 estaban infectadas.
El anuncio este miércoles, por el mismo presidente Feijoo, de que está valorando que las elecciones aplazadas se celebren en julio, lo más pronto que se pueda, abre un debate político que, aunque inevitable, debería tener poco recorrido si, como ha manifestado el propio presidente, los informes epidemiológicos ponen de relieve que hacer las elecciones antes del paréntesis de agosto presenta menos riesgos que dejarlas para la vuelta de las vacaciones de verano.
Nadie podrá criticar, con argumentos serios, al presidente de la Xunta, que aplazó las elecciones cuando la mayoría de los sondeos pronosticaban que obtendría en abril una holgada mayoría absoluta: el de Sondaxe para La Voz le otorgaba 41 escaños con el 49 % de los votos, frente a los 34 del conjunto de la izquierda. Lejos de cualquier ventajismo electoral convocar ahora las elecciones para julio, como antes aplazarlas en abril, resulta de nuevo una forma de hacer las cosas bien.
Es probable, claro, que la gestión de la crisis llevada a cabo por la Xunta y los datos de la epidemia en Galicia en contraste con los de otros territorios y los del conjunto del país favorezcan a Núñez Feijoo: nuestra comunidad ocupa entre las 17 españolas, en casos diagnosticados y en número de fallecidos por cada 100.000 habitantes, respectivamente, la décima y la decimotercera posición. Que ello sea tenido en cuenta por los electores para bien parece tan lógico y previsible como lo sería que con datos mucho peores la reacción de los electores fuera de castigo. Porque, como ayer apuntaba Xosé Luís Barreiro con toda la razón, tal realidad sería en todo caso el resultado de la que, en un contexto terrible, ha favorecido comparativamente a los gallegos.