La profesión sanitaria, además de la asistencia, también conlleva como fines la docencia y la investigación; las graves consecuencias de la crisis que estamos padeciendo hacen que, aun si cabe, adquiera un mayor protagonismo el deber ético de investigar. Es imprescindible generar conocimiento, y hacerlo con premura, para mitigar el sufrimiento y salvar el mayor número de vidas posible. Ahora bien, esta urgencia o situación de ansiedad, también puede entrañar peligros y daños colaterales que debemos tener en cuenta y así tomar medidas que los eviten.
El primero de ellos es que la dedicación a la investigación vaya en detrimento del tiempo de asistencia del clínico; por razones obvias, lo prioritario es estar a la cabecera del enfermo.
Por supuesto, el proceso acelerado de investigación, no puede ser a expensas de la seguridad de los participantes, es un imperativo proteger la integridad (física y psíquica) de todas las personas. En este sentido, tanto la Declaración de Helsinki como el Convenio de Oviedo dejan claro que el interés o bienestar del ser humano deberán prevalecer sobre el interés de la sociedad y de la ciencia. Dicho de otra manera, no se debe perjudicar a nadie y todos debemos compartir los riesgos y los beneficios de una investigación.
Las prisas tampoco pueden justificar que decaiga el rigor metodológico. Un protocolo de investigación mal diseñado es éticamente inadmisible ya que someterá a molestias innecesarias a los participantes y sus resultados podrán ser erróneos. Es mejor la incertidumbre de la ignorancia que el conocimiento falso.
Por último, esta realidad también se presta a un conflicto entre la autonomía de la persona y la protección de la salud pública. Es importante que la sociedad reflexione sobre ello para así avanzar en el logro de un equilibrio en la salvaguarda de los intereses individuales y los colectivos. En este contexto, el uso secundario, es decir, con fines de investigación, de los datos personales de salud y de muestras biológicas son herramientas indispensables en la lucha contra la enfermedad. Obviamente, dichos datos y muestras deben tratarse con las garantías que aseguren la intimidad y confidencialidad de la persona a la que pertenecen. Ahora bien, existen situaciones, la epidemia es una de ellas, en las que los derechos individuales puedan verse limitados en aras al interés general de la sociedad. Así, requisitos como el consentimiento del paciente para la cesión de sus datos o muestras, pueden no ser imprescindibles si es imposible o muy difícil su obtención y se cumplen otra serie de condiciones como que previamente se sometan a una seudonimización y el proceso sea autorizado por un comité de ética.
Todo esto ha supuesto un reto sin parangón para los comités de ética de la investigación. Ha sido necesaria una importante serie de ajustes para dar respuesta rápida a estas necesidades sin que por ello se resintiera el rigor y la calidad del dictamen ético. Fue preciso habilitar procedimientos telemáticos para permitir una comunicación eficiente, armonizar los criterios de evaluación, flexibilizar los requisitos para la presentación de los documentos de los protocolos, normalizar un cuórum reducido y, lógicamente, incrementar significativamente la frecuencia de reuniones (virtuales) de sus miembros.
Confiemos en que nuestros científicos nos ofrezcan, cuanto antes, buenas noticias.