El 25 de octubre ante la pregunta «¿Quiere usted una nueva Constitución?, el 78 % de los electores chilenos votaron: apruebo. La alternativa de rechazar la pregunta obtuvo el 22 %. Esto significa el comienzo definitivo del terminó de la actual constitución redactada en 1980, en plena dictadura liderada por Augusto Pinochet.
El 79 % del mismo electorado ha elegido que en abril del próximo año una convención constituyente integrada por 155 personas -la mitad hombres y la mitad mujeres- tendrá un año para redactar la nueva constitución y someterla a un plebiscito ratificatorio en el 2022. Será responsabilidad del nuevo Parlamento y del Gobierno elegido a finales del 2021 implementar este cambio histórico en Chile.
La pandemia, que ha golpeado al país en parecidos términos a los españoles, encauzó la agitación en calles y plazas hacia la alternativa de «quiero una nueva Constitución». Esta movilización social no tiene pertenencia ni anclaje en los partidos políticos. Es la expresión de una base social muy diversa, que exige demandas sociales ligadas a cambios sustanciales a las inequidades sociales muy presentes. Para que ello sea posible durante años han exigido su institucionalización a nivel constitucional. Pues bien, ahora llegó el momento. El «apruebo» es consecuencia de las últimas décadas de descontento frente a los tímidos avances de la democracia posdictadura. La gente que votó a favor quiere cambiar el modelo de crecimiento económico basado en un modelo exportador que desarrolló relaciones laborales caracterizados por la informalidad, la precariedad, la falta de equilibrios entre empresarios y empleados. Reconoce que la disminución de la pobreza más dura, paradójicamente, aumentó las desigualdades sociales, expresadas en ciudades cada vez más segregadas. Ha vivido la expansión de la educación, la salud o del modelo de pensiones como una de los tantos productos regulados por el mercado, alejados de toda noción de protección social, de derechos reconocidos internacionalmente.
Distintos representantes de las élites políticas y empresariales, cuya credibilidad, según variadas encuestas, está muy deteriorada, han reconocido que, «no vimos venir el estallido social» de octubre del 2019, haciendo evidente su desconexión con una ciudadanía que participaba cada vez menos en las elecciones municipales, parlamentarias o presidenciales de las últimas décadas.
Escribir la primera constitución democrática, sometida a un plebiscito en los más de 200 años de la república, será posible si el proceso es presentado al escrutinio público en donde constituyentes estén en directa comunicación con sus representados. Eso asegurará una constitución adecuada a una tradición política chilena actualizada, a los desafíos de las demandas y expectativas ciudadanas.