Me pide un lector que le explique qué es eso de la lengua vehicular. Un invento de la ley Wert más inútil que el carrito de la sandía, le contesto. Como percibo muecas de reprobación por mi respuesta -otra vez este tipo trata de blanquear al Gobierno que se propone exterminar el castellano-, ensayo la explicación histórica.
La pregunta me pilla investigando sobre las primeras escuelas de mi pueblo, nacidas al calor de la ley Moyano de 1857. Aquella ambiciosa norma, la más longeva de cuantas leyes educativas han sido, se proponía erradicar la pandemia más extendida de la época: el analfabetismo. Aprender a leer y escribir, y a la vez empaparse del catecismo de Astete, era su objetivo central. Secundariamente, las escuelas enseñaban a las niñas calceta, costura e higiene del hogar; y a los niños, nociones de aritmética y de agricultura. El texto oficial de esta última materia era la Cartilla agraria, de Oliván, pensada para agros distintos y distantes del gallego. Fue entonces cuando el inspector José Jorge de la Peña la reemplazó por una Cartilla agraria para las escuelas rurales de la provincia de Lugo de su autoría. Pero el loable intento de acercamiento chocó de inmediato con un escollo: el idioma. De la Peña intentó solventarlo con copiosas notas a pie de página, donde explicaba a los niños que, «en el país», las zarzas eran silvas; los sauces, salgueiros; los alisos, ameneiros; los patos, parrulos, y los altramuces, fabas tolas o chícharos do raposo, según zonas.
Ese era el papel del gallego en la enseñanza pública: una nota a pie de página. En el mejor de los casos. En el peor, pongamos en la dictablanda de Primo de Rivera o la dictadura de Franco, un pescozón por no aprender que la hierba se junta con un rastrillo y no un angazo. O que la tierra se remueve con la azada y no con el sacho. Pero por más que saches o angaces, no hallarás en la época un solo esqueje del concepto en boga: la lengua vehicular. Existía la lengua única y fuera de las aulas, el patois de los bárbaros, como bien recordaban los pasquines falangistas: «¡No sea bárbaro, hable la lengua del Imperio!».
En la Constitución tampoco hay vehículos ni farrapos de gaita. Solo hay lenguas oficiales. El castellano, una de ellas, todos los españoles «tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla». El catalán, el euskera y el gallego, con el mismo rango en sus respectivos territorios. Ninguna de las loes posteriores a la ley Moyano dedicaron una sola línea a la lengua vehicular hasta que Wert inventó la pólvora para combatir a los bárbaros que, como los invasores del imperio romano, aplastan el castellano. Ya lo ven ustedes: del Informe -dramático- sobre la lengua gallega, del profesor Alonso Montero en 1973, hemos pasado al informe -tragicómico- sobre la decadencia del castellano. Pero el invento de Wert no ha funcionado. Ni mucho ni poco. La ley Celaá pretende arrinconar el cachivache en el desván y la derecha monta en cólera y habla de «traición a los españoles». Supongo que incluye en el paquete, junto con Sánchez, a Suárez, González y Aznar.