La aprobación de los Presupuestos que España precisa con urgencia para dejar atrás los de Cristóbal Montoro y así hacer frente a la grave recesión que nos atenaza y acceder a las ayudas europeas, nos va a salir por un ojo de la cara. Cuando menos. Es lo que tiene depender absolutamente de quienes, predicando solidaridad y fidelidad, no reparan en deslizarse por la senda del desvarío. Pedro Sánchez se ha rendido a los «encantos», nunca osaríamos llamarle chantaje ni extorsión, de Gabriel Rufián, un sabio en esto de los asuntos de fiscalidad, y vamos a sufrir los efectos de este acuerdo en los próximos tiempos. Claro que de esta forma Sánchez se garantiza la estabilidad a largo plazo del Gobierno, que es en definitiva de lo que se trata.
El acuerdo para el apoyo de ERC a las cuentas tiene, que sepamos y de momento, dos aspectos cuando menos tremendamente llamativos y preocupantes. Uno, el fin del control financiero de los gastos de la Generalitat por parte del Estado, que se había decretado en 2015 con el fin de evitar que el dinero del Fondo de Liquidez Autonómica se dedicara a la creación de estructuras estatales. Porque, según parece, ahora ya podemos fiarnos de los que siguen abriendo embajadas a todo trapo. Y dos, lo que Rufián llama «una reforma fiscal justa y progresiva» y que pasa por «la reforma del impuesto a las grandes fortunas» para acabar entre otras cosas con lo que denomina el «paraíso fiscal de Madrid».
Porque se trata de aprobar una nueva armonización de los impuestos ya cedidos a las comunidades autónomas, entre ellos los de patrimonio, sucesiones y donaciones, y el impuesto de transmisiones patrimoniales o la cuota autonómica del IRPF; cargas impositivas que tienen especial incidencia, además de en Madrid, en Galicia donde, por cierto, este mismo año entró en vigor la última reforma del impuesto de sucesiones por el que se eliminó el pago en herencias entre padres e hijos que no superen el millón de euros.
Así que y en resumen, el acuerdo anunciado por el propio interesado y al que se llegó de forma bilateral entre el Gobierno y un partido político, establece que Gabriel Rufián decidirá los impuestos de Mazaricos, Boimorto, Porriño, Miño y Becerreá, donde probablemente no tienen el gusto de saber ni quién es. Y una dos, o el docto Rufián es un sabio en fiscalidad autonómica o Pedro Sánchez y su Gobierno están a lo que se les ordene. De rodillas y entregados. Que es lo más probable. Y lo que deducimos.