El ruido de sables acompañó el nacimiento de la Constitución. El golpe de Estado del 23-F demostró que el oído no nos engañaba: en los cuarteles se conspiraba para abortar la democracia en ciernes. Cuatro décadas después, un ex general de división y sus compinches de promoción abogan por fusilar a «26 millones de hijos de puta, niños incluidos» -el 55 % de los españoles-, para salvar a la patria. Otro medio millar de militares en la reserva, estos más comedidos en el lenguaje y en el uso del paredón, lanzan un manifiesto, con copia para la Zarzuela, contra el Gobierno social-comunista. Otra vez se escucha el metálico ruido de los sables. Aunque en esta ocasión, de hacer caso a mis columnistas de cabecera, es un ruido de sables sin sables (Ónega), de sables oxidados (Enric Juliana) o de sables de hojalata (García-Abadillo). El ruido, vienen a decir, no procede de los cuarteles, sino del confortable retiro de militares que hasta ayer, con Zapatero o Rajoy, sí tenían sable y mando en plaza.
El chat y el manifiesto resultan inquietantes. Que la ministra de Defensa afirme que sus autores no representan a nadie no me tranquiliza. Primero, porque ella no conoce el eco real de esas soflamas entre los militares en activo: ¿cuántos firmarían el manifiesto si no les fuese en ello el empleo y el sueldo? Y segundo, cuando Vox asegura que «son de los nuestros» está diciendo que representan a varios millones de españoles: no solo ni necesariamente a todos los votantes de extrema derecha. El pronunciamiento no debe ser tomado a chirigota. Tal vez no nos fusilen, porque los mata la espalda y la próstata, pero la amenaza es mucho más que una anécdota.
Lo más preocupante, sin embargo, no es el ruido de sables oxidados, sino el ruido político que lo alimenta y las reacciones al escucharlo. La deslegitimación permanente del Gobierno y la tibieza a la hora de condenar las proclamas. Deslegitimar al Gobierno significa legitimar su derribo, ya sea a través de una revolución de claveles o mediante un golpe de Estado. Si el Gobierno es ilegítimo, implantó una «dictadura constitucional» al estilo venezolano, vende España a trozos y pone la libertad en almoneda, la obligación de todo patriota es frenarlo.
Y de aquellas aguas vienen estos lodos. Pablo Casado tardó 48 horas en calificar de «lamentable e intolerable» el chat del juicio sumarísimo. Nada dijo aún del manifiesto, aunque Díaz Ayuso ya anticipó que comparte la «literalidad» del diagnóstico militar: el Gobierno pone «en grave riesgo la unidad de España», «concede favores a terroristas», impone el «pensamiento único» y promueve el «deterioro de la democracia». ¿Y cómo no lo va a compartir si el argumentario lleva el copyright del PP? Ni el comandante Pardo Zancada, golpista del 23-F, ni el general Monzón, el que abogaba por volar el Parlamento catalán «a cañonazos», tienen nada que ver con su redacción ni con la defensa del orden constitucional que aborrecen: se limitan a poner su firma al pie. Lo que se echa en falta es que el PP, autor intelectual del escrito, prohíba su uso con fines golpistas.