Woody Allen estrenó en 2008 Vicky Cristina Barcelona, una comedia urbana en la que, además de sobresalir la belleza de Penélope Cruz y Scarlett Johansson, destacaban las ventajas de Barcelona. Una década después Barcelona habría podido ser la nueva sede de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), ya que Londres dejaba de albergarla tras anunciar el brexit. Casi todos los países europeos presentaron candidatas y quedó la terna Ámsterdam-Copenhague-Milán; al final la sede acabó en Ámsterdam. Barcelona, la favorita, había sido descartada porque en el 2017 estaba en plena efervescencia soberanista. El brexit y el procés nunca han sido comprendidos por la burocracia europea.
En el 2020 la EMA ha cobrado un protagonismo inusitado. Ahora, cuando toca regular la comercialización y distribución de las vacunas, qué bueno hubiese sido que la sede estuviese en Barcelona.
La EMA es una agencia técnica, pero depende de las decisiones políticas. Los políticos de verdad saben de la importancia de la ubicación del foco de decisiones. Los nacionalistas periféricos dirán que hay que evitar el centralismo, cuando la propia oficina constituye un ejemplo de descentralización. En el 2004 el Parlamento Europeo y la Comisión fijaron qué medicamentos, entre ellos los destinados a combatir enfermedades víricas, deben ser autorizados y controlados por un reglamento centralizado en esta agencia, coordinada con las autoridades reguladoras de los respectivos países y organizada en siete comités y más de treinta grupos de trabajo, en los que colaboran miles de científicos.
La EMA vela por las buenas prácticas en la fabricación, reparto y seguimiento de las vacunas. Mientras en el Reino Unido la vacuna se aplica por un procedimiento de emergencia menos garantista, la agencia obliga a una autorización condicionada, que permite la comercialización homogénea, con responsabilidad civil a cargo de los fabricantes, y la información diferenciada, con prospectos en distintos idiomas. Se han acelerado los ensayos clínicos, poniendo en contacto a pacientes, sanitarios, empresas biomédicas y autoridades reguladoras. Se han buscado fondos comunitarios, financiando desde el Banco Europeo las investigaciones de laboratorios privados. Por supuesto que la EMA ha sufrido presiones económicas y políticas, pero qué bueno hubiese sido que esas presiones hubiesen tenido lugar en Barcelona, incluso para Ayuso.