El sonrojo que hemos tenido que vivir los ciudadanos del continente por el pésimo papel que ha desempeñado la Unión Europea en la reciente guerra de las vacunas no tiene parangón. Lo que alarma a los vecinos de Europa no es solo haber visto a sus dirigentes ninguneados por una empresa farmacéutica y sin suficiente capacidad para hacerse respetar. Es también haber descubierto un juego de intereses que está muy lejos de la filantropía que se nos prometía. Y, sobre todo, haber experimentado la gran decepción: la pérdida de confianza en la única esperanza posible, que no es otra que la rápida inmunización de los ciudadanos.
A estas alturas, cuando vivimos el momento más grave de la pandemia, ya sabemos que la vacunación no va a ser rápida. Ni tampoco justa.
La potencia mundial que es la Unión Europea ha tenido que negociar a cara de perro para que se cumpla un contrato cuyas cláusulas más significativas se ocultan a la sociedad, pese a ser la verdadera soberana de la Unión. Se ocultan porque su precio no se justifica en el beneficio de toda la humanidad, sino en el particular de las grandes compañías productoras. Con el añadido de que toda la plusvalía que pagaremos los contribuyentes no va a ir precisamente a los científicos. Será, más bien, para quienes aprovechan su talento, su dedicación y su esfuerzo.
Pero ni aun con un coste tan elevado está garantizada la pronta vacunación. El Gobierno español, que hizo concebir esperanzas fijando el horizonte en el verano, se está mostrando incapaz de obtener las dosis necesarias y organizar su justa distribución. El cronómetro que diariamente publica La Voz para mantener la atención pública sobre el hecho decisivo, señala hoy que solo el 0,76 % de los españoles y el 1 % de los gallegos han alcanzado la inmunidad. Falta el 99 %. Y el mes de enero ya se ha desperdiciado.
Ni siquiera hay fecha todavía para librar de esta amenaza a los grupos de mayor riesgo: todo el personal de los hospitales y los centros de salud; los mayores de 80 años; aquellos que padecen enfermedades crónicas; los que cuidan a otras personas; incluso los que asumen responsabilidades de gestión y protección públicas.
Si el Sergas tiene capacidad para vacunar a toda la población en ocho o diez semanas, lo que se requiere ahora es que la Unión Europea consiga las vacunas y que el Gobierno las distribuya con rapidez y equidad. Algo en lo que, sin duda, necesitan mejorar.
Mientras tanto, cada día que pasa es una oportunidad más para el virus y sus efectos devastadores. Y otra apuesta por el empobrecimiento y la recesión económica. Ni la Xunta, ni el Gobierno central, ni la Unión Europea, ni la Organización Mundial de la Salud pueden condenar así a la población.