La Unión Europea ha diseñado con acierto Next Generation EU, como un amplio soporte financiero para ayudar a superar la crisis derivada de la pandemia del coronavirus. La mayor parte de este instrumento se ejecutará a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para apoyar la inversión y las reformas durante los años 2021 a 2023.
En este marco, la Comisión Europea propone un reparto entre estados a partir de las desigualdades estructurales en renta per cápita y empleo, junto con el impacto de la crisis en los años 2020 y 2021. Se logra con ello un reparto equitativo y ponderado, que garantiza una salida de la crisis lo más armónica posible para el conjunto de sus miembros. Todo esto, sin perder de vista que los países del área euro que han sufrido un mayor impacto de la crisis del covid-19 son también los que más necesidad de reformas estructurales tienen (Italia y España).
La distribución de los fondos dentro de cada Estado miembro debe perseguir el mismo resultado, aunque, al contrario que sucede en Europa, en nuestro país las comunidades más impactadas por la crisis son las de más alta renta per cápita, lo que obliga a diseñar un sistema de reparto diferente al de la Unión Europea para lograr sus mismos objetivos.
La base de ese reparto debe ser la concurrencia competitiva, seleccionando proyectos en base a criterios objetivos, equitativos y transparentes; que aplique de forma efectiva los principios de subsidiariedad y gobierno multinivel, a través de una participación real de las comunidades autónomas en la definición de estos criterios, y del conocimiento del mapa completo de recursos y atenciones.
Más allá del propio impacto del covid-19, el destino de las ayudas debe tener en cuenta la situación objetiva de cada territorio y su necesidad de reformas estructurales, es decir, la cohesión social y territorial de los ciudadanos y regiones europeas.
Las convocatorias deben contener criterios de discriminación hacia los proyectos implantados en territorios que afrontan fallos de mercado debido a sus desequilibrios estructurales en inicio, como la despoblación y el reto demográfico, la dispersión de la población en el rural, la transición industrial o los niveles de renta per cápita por debajo de la media.
Este diseño debe tener un reflejo efectivo en la foto final del mapa de ayudas, incluso partiendo de la base de concurrencia competitiva. El informe del Consejo de Estado sobre el sistema de gobernanza que diseña el Real Decreto-Ley 36/2020 cuestiona que se esté yendo en esa línea, por lo que Galicia deberá pelear cada convocatoria para acercarse a esa foto final deseada.
