Hace estos días diez años que el Gobierno portugués solicitó asistencia financiera a la Comisión Europea ante la dificultad del país para financiarse en los mercados internacionales. La desconfianza de los mercados estaba fundamentada en los grandes desequilibrios en las cuentas externas y en las cuentas públicas y en el estancamiento del crecimiento económico y de la productividad.
Portugal recibió un paquete de cerca de 78.000 millones de euros, financiados por la Comisión Europea, el BCE y el FMI, firmando como contrapartida un Memorando de Entendimiento (MoU) en el que se comprometía a aplicar un Programa de Ajuste Estructural supervisado por una troika constituida por esas tres instituciones. Los algo más de tres años que formalmente duró el programa fueron extremamente difíciles para las familias, las empresas e, incluso, para el Gobierno encargado de aplicarlo.
A pesar de las enormes dificultades para realizar un ajuste en una economía integrada en una Unión Monetaria, el programa consiguió inducir una depreciación del tipo de cambio real de la economía del país. Consiguió también reequilibrar las cuentas públicas, pero falló en la implementación de la mayoría de las ambiciosas reformas incluidas en el MoU.
En los años posteriores al rescate, especialmente a partir del 2015, el desempeño de la economía portuguesa mejoró sustancialmente, gracias al crecimiento de los sectores exportadores y al bum turístico que vivió el país. La continuidad del proceso de consolidación presupuestaria en esos años permitió que, en el 2019, Portugal alcanzase su primer superávit fiscal en democracia y que su ratio de deuda pública se fuese reduciendo progresivamente.
A pesar de las consecuencias negativas del programa de rescate, los políticos y la sociedad portuguesa interiorizaron dos grandes lecciones. En primer lugar, que tener las cuentas públicas en orden es fundamental para mantener cierta soberanía en materia de política económica y poder hacer frente a shocks de carácter exógeno. La situación equilibrada de finales del 2019 permitió al Gobierno afrontar la crisis pandémica con cierto margen de maniobra para aplicar políticas de protección del empleo y los negocios, manteniendo el déficit del 2020 en un 5,7 %. En segundo lugar, que una pequeña economía abierta, con un mercado interno de reducida dimensión, para crecer necesita orientar su oferta al exterior y exponer a sus empresas a la competencia internacional. El resultado de la mejora de la competitividad del país de los últimos años es que incluso en el 2020, a pesar de la intensa caída del turismo, Portugal consiguió mantener un saldo positivo en sus cuentas externas.
Contrariamente, hay otros aspectos que los decisores políticos y la sociedad todavía no han entendido. Primero, que, aunque han sido realizadas algunas reformas en determinados mercados y sectores, el proceso debe continuar. Quedan bastantes reformas pendientes, sin las que el crecimiento potencial continuará siendo reducido y la productividad permanecerá estancada. Sin progresos en materia de productividad será muy difícil mejorar las rentas del trabajo. Segundo, que una parte importante de la situación económica interna se explica por la acción de las instituciones comunitarias y que un cambio en las políticas europeas puede tener impactos muy negativos para el país. La adopción de estrategias para reducir la dependencia de las políticas europeas, por ejemplo, de la política de cohesión para financiar inversiones, o de las políticas monetarias ultra-expansivas para reducir costes de financiación, debe ser una prioridad de las agendas de los próximos gobiernos.