Fin del estado de alarma, el Gobierno se inhibe, el toque de queda le toca al que queda, por mor del guirigay legislativo. Dirán que no hay legislación porque no se legisla para pandemias, pero la Ley de Salud Pública de 1986 se ha quedado obsoleta. A falta de legislación, paradójicamente, el que decreta el toque de queda está a expensas del correspondiente tribunal superior de justicia autonómico, con lo cual en una comunidad puede haber toque de queda y en otra no, según obliguen las sentencias pertinentes, al margen de la mayor o menor incidencia del virus en cada una de ellas. Si su tribunal autonómico desestima el toque de queda, puede apelar, mediante recurso de casación urgente, al Tribunal Supremo, que resolverá sentando jurisprudencia o aplicando jurisprudencia asentada en otra comunidad. El toque de queda, que no se sabe bien si restringe o no derechos fundamentales, ha de contar con el beneplácito de los tribunales, pero ni el que queda para decretarlo ni los miembros de los tribunales superiores tienen claras sus competencias sobre el asunto.
Pongamos que, en vez de hablar de Madrid, hablamos de Galicia. Feijoo quería disponer de una ley de salud autonómica, que le garantizase certezas entre tanta incertidumbre, pero dicha ley ha sido recurrida por Sánchez ante el Tribunal Supremo. Como en Galicia la curva de contagios es cada vez más cóncava y la curva de vacunaciones cada vez más convexa, Feijoo descarta por ahora el toque de queda. Aunque en Galicia, comunidad con poco dinamismo demográfico y poca movilidad de la población, los datos dan a entender que la pandemia está más controlada que en otras autonomías, hay que ser cautos. Incluso aquí, en la periferia de la periferia, al virus le aparecen cepas bastardas, de comportamiento díscolo e imprevisible.
A falta de serenos, hay que tener serenidad. El problema tanto es judicial como conductual. Si no hay toque de queda, pero hay quedadas, el que va a trasnochar es el virus.