Vaya por delante algo que no se debe olvidar nunca: los condenados del procés no solo delinquieron, sino que también incurrieron en una gravísima responsabilidad política, ya que trataron de imponer la independencia a más de la mitad de la población catalana por la vía de un referendo ilegal y excluyente. No fueron condenados por sus ideas, sino por sus actos contrarios al ordenamiento jurídico. Por eso es muy positivo que se les mantenga la inhabilitación. El Estado de derecho tuvo que poner en marcha sus mecanismos (constitucionales -artículo 155- y judiciales -las condenas en el Tribunal Supremo-) para derrotarlos y han estado más de tres años y medio en la cárcel. La clave es si, en realidad, en el escenario actual, los indultos son «de utilidad pública» como argumenta el Gobierno. O, dicho de otro modo, si servirán para mejorar la convivencia o no. Lo más probable es que favorezcan la distensión. El peor escenario posible consistiría en que los independentistas repitieran lo que hicieron en el 2017, con lo que se les volvería a aplicar la ley. Aunque nada es descartable, el propio Oriol Junqueras ha reconocido que la vía unilateral no es el camino.
Lo que no se puede pedir a los independentistas es que dejen de serlo, porque no es ilegal en nuestro país; como tampoco al Estado que permita un referendo de autodeterminación pactado. Por muchas mesas de diálogo que haya, las posiciones en este asunto, que es el central, son irreconciliables y no existen soluciones milagrosas, hay que conformarse con la «conllevancia» que acuñó Ortega y Gasset para el problema catalán. Pedro Sánchez asume el coste político que conlleva una jugada de alto riesgo que puede salir mal. Pablo Casado ha aplicado a este tema su ya habitual forma de hacer oposición, que dejó clara durante la pandemia. Para el líder del PP, los indultos suponen un «golpe de gracia a la legalidad» y un paso en un supuesto plan de Sánchez de «cambio de régimen». La exageración hace que la crítica pierda credibilidad. Desde luego que hay razones de peso para oponerse a los indultos. Es cierto que los dirigentes independentistas no se han arrepentido y podrían malinterpretarlos como un signo de debilidad del Estado. También lo es que Sánchez se ha desdicho de su compromiso de no excarcelar a los presos.
Pero, con todo, son una oportunidad a la que asirse para que prevalezca la vía del diálogo dentro de la legalidad y un envite al independentismo a repensar su estrategia. De momento, ha provocado grietas en el mismo, ya que una parte considera cerrada la vía unilateral. No es, ni mucho menos, la solución, pero es muy significativo que la sociedad catalana apoye muy mayoritariamente la medida de gracia. Pueden ser un paso adelante, con todas las cautelas. Ahora toca mover ficha a los independentistas.