Tercer plan de rescate: el Gobierno central debe rectificar
OPINIÓN
La crisis económica provocada por el covid-19 ha supuesto un desafío para las administraciones públicas. En los últimos días los medios de comunicación se han hecho eco de los graves problemas en todo el Estado del programa de subvenciones destinado a aportar solvencia al tejido empresarial, financiado con fondos estatales e implementado por los gobiernos autonómicos. Me estoy refiriendo al que hemos dado por denominar en Galicia el Tercer Plan de Rescate.
Este plan sucede en el tiempo en nuestra comunidad a otros dos, diseñados y ejecutados en su totalidad por la Xunta con fondos ordinarios de nuestro presupuesto, y que permitieron, en no más de seis meses, gestionar y pagar más de 180 millones de euros a 80.000 autónomos y pequeños empresarios.
La clave del éxito de los planes gallegos fue conseguir acertar en su diseño, basado en la sencillez de los requisitos, especialmente EL REQUISITO, con mayúsculas, del descenso de facturación en el año 2020 con respecto al 2019, que las empresas hicieron valer ante la Administración por medio de una simple declaración responsable.
Así lo entendimos por parte de nuestro Gobierno: la situación de crisis se evidencia por la bajada de facturación sufrida, sin necesidad de justificar deudas pendientes.
Con esta experiencia, tenemos ahora abierta en Galicia la convocatoria de lo que constituye nuestro tercer plan: 234 millones transferidos por el Estado, que debemos gestionar según los criterios establecidos en el Real Decreto 5/2021, norma estatal que apenas deja flexibilidad alguna a los gobiernos autonómicos.
Las peticiones a día de hoy apenas superan las 4.000, y quedan sin asignar unos 170 millones de esos 234.
La consecuencia de no ejecutar estos fondos será que, en lugar de que el dinero llegue a autónomos y empresarios, nos veremos obligados a devolverlos al Ministerio de Hacienda. El panorama es muy semejante en todas las comunidades, pues el problema no es exclusivo de Galicia. El ministerio recuperará así un porcentaje elevadísimo del dinero, en teoría puesto a disposición de las empresas para el apoyo a su solvencia por parte de la vicepresidencia económica del Gobierno de la nación.
Ante esta situación, en la Xunta hemos decidido ampliar el plazo de solicitud del tercer plan hasta el 30 de septiembre, buscando ganar tiempo para intentar que el Gobierno rectifique ante el fracaso de la normativa que ha dictado su Consejo de Ministros.
Y es que los motivos de tal fracaso no pueden ser otros que los complejos requisitos impuestos, y de modo fundamental la obligación de destinar las ayudas exclusivamente a pagar las deudas contraídas durante la pandemia.
La Xunta se ha dirigido al Gobierno del Estado solicitando flexibilizar los criterios en la línea de nuestros dos primeros planes de rescate, no exigiendo dedicar el dinero recibido al abono de las deudas, toda vez que muchos empresarios realizaron enormes esfuerzos para evitar caer en impagos y ahora quedan fuera de este programa de apoyos.
Solamente pedimos que se simplifiquen los trámites. Vivimos momentos extraordinarios que exigen que las administraciones estemos a la altura, que aportemos a los ciudadanos soluciones lo más sencillas posible dentro del absoluto respeto al principio de legalidad al que estamos sometidas. Convendría que recordásemos que las administraciones también debemos cumplir el principio de eficacia. Este caso que nos ocupa es un claro ejemplo de que ambos principios son perfectamente conciliables. Solo hace falta que pongamos sentido común al elaborar e interpretar las normas, teniendo en cuenta el tiempo y las circunstancias ante las que nos encontramos.
Se puede gestionar este tipo de ayudas rápido y bien, porque en Galicia ya lo hemos hecho.
Esperamos que el área económica del Gobierno de la nación tenga todo esto en cuenta. Esperamos que no olviden que el destino de los 7.000 millones es la solvencia de los empresarios españoles. Y, por la parte que nos toca, esperamos que Galicia, nuestros autónomos, nuestras empresas, no perdamos 170 millones de euros.