Tras la fachada neoliberal de la Alianza del Pacífico (AP) se escondería un refinado proyecto de ingeniería geopolítica diseñado por EE.UU. para dinamitar el proyecto político-integracionista representado por la Unasur e intensificar la política de aislamiento de los gobiernos progresista-populistas de la región (en especial de Venezuela, tras quedar huérfana del alma mater de la Revolución bolivariana, Chávez). Asimismo, otro objetivo sería finiquitar el proyecto integrador económico del Mercosur, proceso de integración económico creado en 1991 tras la firma del Tratado de Asunción entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, al que posteriormente se habría incorporado Venezuela como Estado parte, quedando Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Surinam y Guyana como Estados asociados. Dicha estrategia fagocitadora tendría como objetivos a medio plazo aglutinar el Arco del Pacífico para integrar además a Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá e incorporar por último al Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay)
La decisión de Maduro de confiscar la planta de General Motors fue vista por la Administración Trump como un atentado contra los intereses de las multinacionales estadounidenses. Exxon Mobil formaría parte de la Cuarta Rama del Gobierno de EE.UU., verdadero poder en la sombra que toma las decisiones en política exterior y a instancias del secretario de Estado estadounidense con Trump, Rex Tillerson, antiguo presidente y consejero delegado de Exxon Mobil, la revolución chavista ya fue declarada «enemiga peligrosa de EE.UU.».
Además, el acuerdo chino-venezolano por el que la empresa petroquímica estatal china Sinopec invertirá 14.000 millones de dólares para lograr una producción diaria de petróleo de 200.000 barriles diarios de crudo en la Faja Petrolífera del Orinoco (considerado el yacimiento más abundante del mundo) sería un misil en la línea de flotación de la geopolítica global de EE.UU. (cuyo objetivo inequívoco sería secar las fuentes energéticas de China) y se plasmó en la implementación de sanciones contra Venezuela de los países que la circundan, para convertirla en «territorio asediado y presto para ser fagocitado».
Así, tras una sistemática e intensa campaña desestabilizadora basada en el desabastecimiento selectivos de artículos de primera necesidad, la obscena especulación, la amplificación en los medios de la creciente inseguridad ciudadana, la toma de las calles por la oposición y la aplicación de sanciones al crudo venezolano para provocar el default o cese de pagos, asistimos en octubre del 2020 a la implementación por la Administración Trump de la prohibición a Venezuela de importar diésel con el objetivo confeso de paralizar el transporte de sectores primarios y lograr el desabastecimiento de alimentos básicos e insumos sanitarios vitales que hicieran tambalear el Gobierno de Maduro.
La llegada de Joe Biden a la Presidencia de EE.UU. podría provocar un cambio consistente en la sustitución de los golpes blandos por la estrategia expuesta por Sherman Kent en su libro Inteligencia Estratégica para la Política Mundial Norteamericana (1949). Los fines de estos tipos de guerra fueron descritos por este autor de la siguiente manera: «En estas guerras no convencionales se trata de hacer dos cosas, debilitar la voluntad y la capacidad de resistencia del enemigo y fortalecer la propia voluntad y capacidad para vencer». Más adelante añade que los instrumentos de la guerra económica «consisten en la zanahoria y el garrote: el bloqueo, la congelación de fondos, el boicot, el embargo y la lista negra por un lado; los subsidios, los empréstitos, los tratados bilaterales, el trueque y los convenios comerciales por otro».
En el caso concreto de Venezuela, la escasez del diésel podría provocar en un futuro una desertización productiva que fuera incapaz de satisfacer la demanda de productos básicos y una posterior catástrofe humanitaria en forma de hambruna, por lo que la Administración Biden estaría estudiando implementar la táctica de la zanahoria en Venezuela. Dicha estrategia incluiría la relajación de las restricciones actualmente vigentes sobre el petróleo venezolano para revitalizar la actividad motriz de la economía venezolana, así como anular la prohibición de Trump de importar el diésel necesario para mantener la cadena del transporte de mercancías e insumos médicos. Y, en un futuro no inmediato, conformar un Gobierno de transición integrado por figuras de consenso, tanto de la oposición como del chavismo, que prepare unas elecciones generales para el 2022 bajo los auspicios de la delegación del reino de Noruega.