Debieron cansarse sus señorías de vestir la toga porque han decidido ponerse una bata blanca. Como los sanitarios. Y gestionar la pandemia, frente a las decisiones tomadas en función del momento y por indicación de los especialistas. Lo último dispuesto es suspender la obligatoriedad de mostrar el certificado de vacunación para acceder a establecimientos hosteleros, en lugares con altas restricciones.
Los tribunales superiores de justicia de Canarias, Cantabria, Andalucía y Melilla tumbaron la medida por distintos motivos. También el de Galicia, que reprocha que el anómalo proceder de la Xunta «indujo a confusión». Pero regañinas al margen, que siempre vienen bien a los que van crecidos, lo que sorprende de las decisiones judiciales es que lo que aquí no sirve, ahí al lado está en vigor. Nuestros vecinos de Francia e Italia implantaron la medida y fue avalada por sus señorías; las señorías de ellos, claro. Y no solo eso, incluso los tribunales de estos dos países validaron la vacunación obligatoria.
El protagonismo que se otorgaron sus señorías no es nuevo. A lo largo de los últimos meses las resoluciones difirieron de una comunidad a otra en asuntos tan simples como el uso de mascarillas en playas y piscinas o los cierres perimetrales. Resultaron incomprensibles, por contradecirse en lugares separados por solo unos kilómetros. Sin entrar en la ilegalidad del confinamiento, en el peor momento de nuestras vidas, declarada por el Constitucional. O la imputación a un cargo de Baleares por «secuestro» de unos niñatos borrachos.
El ciudadano de a pie ni conoce, ni tiene por qué conocer los pormenores de tales decisiones. Ni defectos de forma, ni diferentes interpretaciones, ni problemas específicos están en su vocabulario. Lo que sí está es que la Justicia es un problema en la gestión de una pandemia que se llevó más de cien mil vidas en nuestro país. Y que sus decisiones chocan con las de los especialistas aunque, claro, como dijo un destacado jurista, no son más que unos médicos con un curso. Lo malo es la imagen que dan sus señorías. La Justicia es el servicio público español peor valorado. El 43,4 % cree que funciona «poco satisfactoriamente» y un 22,3 % que lo hace «nada satisfactoriamente». O lo que es lo mismo, un 66 % de españoles paga un servicio que le disgusta e incomoda.