El día 22 o el 30 de diciembre, dependiendo de si el Senado introduce o no modificaciones, serán ratificados definitivamente los Presupuestos del Estado para el 2022. Por segunda vez consecutiva, el Gobierno saca adelante las cuentas en tiempo y forma. La legislatura queda encarrilada y Pedro Sánchez, a menos que otros obstáculos imprevistos se interpongan en el camino, en condiciones de agotar su mandato. Pero hay una vertiente del éxito político que no ha sido suficientemente resaltada: hemos recuperado el principio de anualidad presupuestaria, fijado en la Constitución y repetidamente vulnerado desde el 2015. En un lustro hubo cuatro prórrogas y los presupuestos de Montoro, los más longevos de la historia, permanecieron en vigor durante tres ejercicios consecutivos. Si los presupuestos constituyen un termómetro para medir el grado de estabilidad política, el caos vaticinado por la derecha ha sido superado. España ha retomado la senda de la estabilidad. Y lo ha hecho con un Gobierno en precario, en medio de una atroz pandemia, y con un Parlamento sumamente fragmentado. Tiene mérito, en estas circunstancias, fraguar una holgada mayoría absoluta.
Otra cosa, por supuesto, es el contenido de los Presupuestos. La Comisión Europea los aplaude y avala. El PP, como se deduce de los piropos que les dedica —«ruinosos», «bodrio», «papel mojado», «falsos», «inviables»...—, los considera un despilfarro «expansivo». Pablo Casado explicó lo que él haría. Primero, bajaría los ingresos en 10.000 millones de euros: suprimiría los impuestos de patrimonio, sucesiones y transmisiones patrimoniales, recortaría las cotizaciones sociales y reduciría a la mitad el impuesto de sociedades que pagan las pymes. Después, utilizaría la motosierra para cercenar el gasto: «60.000 millones de euros de ajustes». En esto no engaña —«ya lo hará el PP», dijo textualmente—, aunque evitó concretar qué árboles se propone talar. Bruselas, por el contrario, aplaude la prudencia fiscal y la reducción del gasto recurrente que figura en las cuentas españolas. Y la única pizca de reproche que formula —son «contractivas»— se sitúa en las antípodas de Casado: sugiere que la inversión, casi toda ella financiada por los fondos europeos, debería ser aún mayor.
La segunda parte de la crítica tiene más enjundia: los presupuestos son «ficticios» y «nadie se los cree». Esto no va de creencias. No puede haber ficción alguna en el estado de gastos: solo es un crédito que las Cortes conceden al Gobierno, una autorización para efectuar los gastos allí enumerados. El estado de ingresos es otra cosa: una estimación de lo que, en función de los impuestos y de la marcha de la economía, se espera recaudar. Como las últimas previsiones rebajan el crecimiento económico, es posible que la estimación haya quedado desfasada. De ser así, y si el Gobierno ejecuta todo el gasto autorizado, el déficit y la deuda serán mayores de lo previsto. ¿Cuentas «falsas», pues? Si utilizamos el baremo de ingresos previstos y no realizados, todas lo han sido en mayor o menor medida.