El fenómeno no es peculiar de España, pero aquí se ha convertido en auténtica epidemia. Cada vez que alguien se atreve, ejerciendo su libertad, a impugnar los dogmas de la corrección política —convertida en la nueva Inquisición— o a discutir las posiciones de quienes han decidido no solo monopolizar el llamado progresismo sino también limitar lo que se puede decir y lo que no, el discrepante es calificado de inmediato de «fascista». El objetivo de esa reacción automática es tan canalla como antidemocrático: acallar, por medio del miedo a un insulto descalificador donde los haya, toda voz discordante y arrasar el pluralismo democrático, de modo que sean estos antifascistas de cartón piedra los exclusivos defensores de las ideas admisibles en el actual debate público español.
Y así, entre otros muchos, los que defienden que se cumpla la sentencia sobre el 25 % en Cataluña son unos fascistas. Y los que expresan su opinión contraria a la despenalización del aborto. Y quienes discrepan del feminismo desmadrado. Y quienes critican al actual Gobierno de España por apoyarse en un partido golpista y en los herederos de ETA. Y quienes creen que memoria histórica es un oxímoron. Y los que, en defensa de la libertad, se atreven a criticar las dictaduras cubana o venezolana, como antes la chilena o argentina. Y quienes se manifiestan contra el indulto a los presos del procés, concedido contra los informes radicalmente contrarios de la Fiscalía y del tribunal sentenciador. Y los que creen que la reconciliación nacional fue un paso de gigante para acabar con nuestro guerracivilismo. Y los partidarios de la monarquía como un elemento de cohesión política y territorial por encima de las indispensables diferencias de partido. Y los que, en fin, y solo es otro ejemplo, creen que la convivencia democrática y los avances de todo tipo nacidos de la Constitución de 1978 están a años luz, para mejor, de los nacidos del texto republicano de 1931. ¡Todos fascistas!
Mientras, nuestros valerosos antifascistas, que califican de fascistas a todos los citados, atacan la libertad de expresión de quienes se atreven a discutir sus posiciones, apedrean a sus adversarios o los acosan en las calles, impiden que hablen en las universidades quienes piensan de una forma diferente, homenajean a los terroristas o colocan en la dirección de Sortu ¡con el aplauso de Bildu! a un exjefe de ETA, tratan de que los contrarios a despenalizar el aborto no puedan expresarse, quieren que el Estado fije (como con el estalinismo) la historia oficial de nuestro pasado más reciente, desprecian las sentencias de los tribunales, quieren romper sociedades enteras mediante la autodeterminación, han defendido la violencia criminal y se pasean del ganchete con sus herederos.
¡Valiente antifascismo ese que avergüenza a los que un día, no hace tanto, lucharon, en muchos casos entregando su vida o su libertad, por la España democrática, libre y plural que desde 1978 disfrutamos y que ahora pretende liquidarse!