El presidente del Gobierno tiene dos discursos sobre el rey emérito y los repite cada vez que un periodista le pregunta por él. Uno dice que «las informaciones conocidas no son de recibo» y el otro que don Juan Carlos debe dar explicaciones a los españoles.
Sobre el primero, espero que el señor Sánchez, como jefe del Ejecutivo, no se haya enterado de lo que investigaba la Fiscalía cuando se publicaron sus tres decretos de archivo de las investigaciones. Sobre el segundo, tiene razón: un jefe de Estado, aunque no sea procesado, debe dar explicaciones si ha cometido algún acto irregular. Lo único discutible es si hay la misma obligación de hacerlo cuando esos actos afectaron a su honor personal, pero no a los intereses de la nación.
Más allá de esa bizantina e imaginaria discusión, todos intuimos que son muy difíciles de explicar unos hechos delictivos que, si no fuese por la inviolabilidad y la prescripción, le hubieran llevado al Tribunal Supremo. Quizá habría que repetir lo que dijo el diputado gallego Manuel Iglesias Corral en memorable ocasión parlamentaria: «pasou o que pasou». Y, ante la dificultad de explicarlo, se impone la penitencia de las consecuencias y no son pequeñas: a sus 84 años de edad, el autor de la transición a la democracia tiene que renunciar a vivir a España para no contaminar a la Corona. Y tiene que renunciar a residir en el Palacio de La Zarzuela, que ha sido su hogar durante medio siglo. Supongo que podrá ir de visita a ver a su esposa, su hijo y sus nietas, pero nada más. Ese es el acuerdo alcanzado con el monarca actual a través del abogado Javier Sánchez Junco, que hizo una labor de mediación exquisita.
Los gestos de don Juan Carlos, el sacrificio que supone quedarse a vivir en Abu Dabi y renunciar a pernoctar en su casa de siempre, podrán ser insuficientes para el jefe del Gobierno y para multitud de españoles, pero no se debiera olvidar el valor que tienen: ha sido el gran pacto entre padre e hijo para salvar la Corona, «la institución», como ellos dicen. Y, por parte del rey Felipe VI, tiene que haber sido muy doloroso enviar a un mensajero para que su padre, a quien tanto debe, acepte esa humillación.
Comprendo que no es popular pedir una valoración de esos gestos en estos tiempos. Pero no hacerlo y situarse solo en la exigencia de Pedro Sánchez también contiene algo de injusticia. ¿Por qué? Porque el rey Juan Carlos, a mi juicio, no debiera pasar a la historia solo como autor de hechos «que no son de recibo», y por ahí van las exigencias de políticos como el presidente Pedro Sánchez; porque esa acusación-constatación coincide en el tiempo con el revisionismo y demolición que se quiere hacer de su gran obra, que fue la transición; y porque además una falta de comprensión podría llevarnos a un traumático cambio de régimen.
Y eso es, en el fondo, lo que está en juego o en juego se quiere poner.