La guerra de Ucrania ha agravado el aumento del precio de la energía que se arrastraba desde la recuperación tras la pandemia. Como resultado, la tasa de inflación interanual en España ha alcanzado el 9,8 % en marzo, frente al 3,4 % de la inflación subyacente, y la energía explica la mayor parte de esa diferencia.
Ante esta perturbación negativa de oferta, que aumenta precios y lastra la actividad, las políticas económicas se enfrentan a complicados dilemas. Los bancos centrales tienen que decidir entre aumentar tipos de interés para reducir la inflación o retrasar las subidas para no perjudicar la actividad, poniendo en riesgo la estabilidad de precios. La política fiscal se enfrenta a una disyuntiva parecida. Este es el caso de la subvención en España a los carburantes de 20 céntimos por litro (equivalente a un 10 % del precio) y de medidas similares en otros países europeos. La evidencia (p.e., de Labandeira y coautores, 2017) indica que esta subvención aumentará la demanda de combustibles entre un 1,5 % y un 2 %, a corto plazo, reduciendo los incentivos de unos precios más elevados para disminuir su consumo y para descarbonizar. Como España importa casi todo el petróleo, la subvención incrementa el déficit de su balanza energética, tiene un coste fiscal de unos 1.400 millones al trimestre (que se financiará con más deuda pública a corto plazo), e implica una transferencia a los consumidores de combustibles, que los contribuyentes tendrán que financiar en el futuro. En términos relativos a su renta disponible, la subvención beneficia más a los consumidores en la clase media, y por igual a los que tienen más o menos renta que ellos. Además, los mercados de futuros anticipan que el precio del petróleo estará en septiembre al nivel actual y que habrá que esperar a mediados del 2023 para que disminuya un 10 %, equivalente a la subvención aprobada, que puede durar más de lo previsto.
A cambio de estos costes, más difíciles de percibir, lo normal es que se vea cierta reducción del precio de la gasolina y del gasoil, que pesan un 5,6 % en la cesta de consumo, y un impulso de la actividad. Si la subvención fuese plenamente efectiva (y un aumento de precios no la absorbiera parcialmente dada la relativa insensibilidad de la demanda), el impacto sobre la inflación sería transitorio y marginal (entre 0,5 y 0,6 puntos como máximo), respecto al nivel actual de inflación.
Como ocurre con frecuencia en política económica, frente a alternativas mejores, esta subvención prioriza sus supuestas ventajas, más fáciles de visibilizar en el presente, frente a los costes menos evidentes, que se aplazan al futuro.