El Pacto de Toledo consensuó la reforma y el Gobierno decidió acometerla por fases. A diferencia del Tour, que reserva para el último día la etapa de trámite que culmina en la apoteosis final de los Campos Elíseos, optó por invertir el trayecto y comenzar por la más plácida: garantizar el poder adquisitivo de las pensiones. Pero ahora comienzan los puertos de montaña: el primero, que debería ser superado en el primer semestre del año, las cotizaciones de los autónomos a la Seguridad Social. Todos están de acuerdo en que deben cotizar por sus «ingresos reales» y todos discrepan en la forma de trasladar ese consenso teórico al bolsillo. La última propuesta del ministro Escrivá, que fija la cotización entre 250 y 550 euros al mes en función de los rendimientos netos, es rechazada por unos y otros. Los que ganan poco y pagan ahora 300 euros, porque la rebaja les parece minúscula. Los que ganan mucho pero cotizan lo mínimo exigido, porque la subida la consideran inasumible.
La naturaleza y composición del colectivo ilustra sobre la dificultad de conciliar la diversidad de intereses en juego. El autónomo pertenece a una especie híbrida, mezcla indiferenciada de empresario y trabajador. Sus rentas también son mixtas, sin que pueda distinguirse qué parte es atribuible al trabajo y qué parte corresponde al beneficio empresarial. Tiene doble condición, pero reúne lo peor de cada clase. Es un trabajador, pero ninguna norma le garantiza el salario mínimo, ni una jornada laboral razonable, ni subsidio de paro... Es empresario, pero asume más riesgos que los accionistas de una sociedad. Responde con su patrimonio personal de sus deudas. Cuando el autónomo baja la persiana del negocio, su familia queda a la intemperie. Cuando la sociedad anónima o limitada suspende pagos o quiebra, es posible que la economía familiar del empresario, si ha sido previsor, apenas se resienta.
Los autónomos constituyen un grupo enormemente heterogéneo. El RETA engloba a más de tres millones de afiliados, dedicados a los más diversos oficios y profesiones. Declaran una renta media netamente inferior a la de los asalariados. Cinco de cada diez no llegan a mileuristas, tres perciben entre 12.600 y 30.000 euros al año y solo dos superan los 30.000. Cifras que llevan a sospechar que ahí se esconde una importante bolsa de fraude. Indicios fundamentados, a falta de otras pruebas, en la pregunta recurrente que todos hemos escuchado alguna vez: ¿con IVA o sin IVA?
Esos datos bajo sospecha son los que maneja el ministro Escrivá para formular sus propuestas. La primera fijaba la cotización mínima en 184 euros al mes y la máxima en 1.267. La última redujo la banda a 250-550 euros. Mucho me temo que la subasta de cifras no sacará al ministro del atolladero. El problema es otro. Nueve de cada diez autónomos cotizan lo mínimo, unos porque no pueden y otros porque no quieren pagar más. En estos últimos reside la clave: hay que convencerlos de que pagar más hoy se traducirá en mayor protección y mejores pensiones mañana. Y conseguir que lo crean.