Cerramos la semana pasada con la noticia de que seis constructoras (Dragados —ACS—, FCC, Ferrovial, Acciona, OHL, Sacyr y la extinta Isolux Corsán) se reunían todas las semanas desde 1992 para repartirse obras públicas multimillonarias. En números redondos, estuvieron treinta años atentando contra la libre competencia y el libre mercado y eso les supuso una multa de 203,6 millones de euros. ¿Qué significa para ellas esa cantidad? Nada, si se tiene en cuenta que el volumen de negocio que movieron a través de estos contratos superó los 133.000 millones de euros. ¿Y en estos 30 años ninguna autoridad competente se enteró de lo que estaba ocurriendo? ¡Sorpresa!: no.
Esta semana arrancamos con que Uber incumplió leyes, hizo presión ante políticos de relevancia, como Emmanuel Macron, e incluso defendió la violencia para conseguir penetrar cómodamente en el mercado de 40 países. ¿Y no se supo nada hasta ahora? No, una vez más quedó patente la connivencia del poder político y el económico. ¿Sabe cuál era el objetivo de todas estas compañías? Ganar impúdicamente dinero a costa de usted y de mí. ¿Qué hacemos usted y yo ahora?