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«No hay ninguna figura delictiva de la que se me pueda imputar». Así de tajante se mostró José Antonio Griñán en agosto del 2013 al presentar su dimisión como presidente de la Junta de Andalucía. La jueza Mercedes Ayala lo situaba en la cúspide de una estructura piramidal que practicó el fraude durante más de una década.
El Supremo acaba de sentenciar que sí existe una figura delictiva, no solo para Griñán, sino también para Manuel Chaves, para un vicepresidente y para cinco consejeros, entre ellos Magdalena Álvarez, que tantas lecciones de ética y buen proceder nos dio como ministra. Especialmente a los gallegos.Y las condenas de prisión e inhabilitación llegan por prevaricación y por impulsar la implantación de un procedimiento delictivo para la distribución de ayudas y subvenciones, aún a sabiendas de que existían presuntas irregularidades. Que propiciaron, a la vista de todos, un fraude de 680 millones de euros de las arcas públicas. Sin control alguno.
La corrupción a propósito de los ERE andaluces era por todos conocida. Fue una comidilla desde antes incluso de que la jueza Ayala iniciara el procedimiento. Colegas de profesión te describían con pelos y señales las artimañas de unos y otros, incluidas las del chófer que se pulió 25.000 euros en cocaína. Y se desconocen cuántos más en prostitución.
Tarde, muy tarde, pero la Justicia ha cerrado el mayor caso de corrupción en España. Que ya es decir. Y lo ha hecho sin contemplaciones. José Antonio Griñán está a la puerta de la cárcel, aunque ya anunció su intención de recurrir al Constitucional. Y los demás, quedan marcados por la inhabilitación y condenas menores. Es un correctivo ejemplar para un caso que se mantuvo en primera línea de actualidad desde el primer día. Alimentada por todos. Por quienes se erigieron en sentenciadores apelando a la inocencia de los acusados basándose en su extraordinaria bondad. Que no deja de ser muy tierno, pero poco realista. Y por quienes trataron de ocultar la corrupción desatada en sus casas con los ERE andaluces.
Hay un aspecto de la sentencia que llama poderosamente la atención. A los expresidentes y a los exconsejeros se les condena por haber impulsado y permitido el procedimiento corrupto de la distribución de subvenciones, pese a conocer sus irregularidades. Es decir, que queda acreditado que Chaves, Griñán y Zarrías, entre otros, eran conocedores de las prácticas delictivas. Y no digamos Magdalena Álvarez que fue quien instauró el procedimiento. Según el Supremo. Pero esta consideración no es aplicada en otros casos en los que resulta evidente y está más que probado el conocimiento y aprovechamiento de los responsables políticos de las corruptelas. A ver si lo de Andalucía sirve de ejemplo para futuras sentencias. Y acabamos de una vez con la lacra.