En el asunto de los impuestos los españoles tenemos una empanada mental que nos lleva a hacer el ridículo hasta lo indecible. Cada comunidad autónoma hace lo que le viene en gana y se ocasionan situaciones tan cómicas como el impuesto a los refrescos de Cataluña o a un solo uso de bolsas de plástico de Andalucía. Y es que cada territorio decide en función, hay que decirlo, de sus necesidades electorales, porque así se lo permite la propia Constitución.
Andalucía ha anunciado la supresión del impuesto de patrimonio. La decisión de Moreno Bonilla afecta al 0,2 % de los contribuyentes andaluces, que disponen de una fortuna superior al millón de euros. Pero la resolución del andaluz no viene sola; llega muy acompañada. Díaz Ayuso ya anunció la rebaja del IRPF de acuerdo con la inflación, así como deducciones fiscales en educación y vivienda, entre otros conceptos. Lo del castellano Fernández Mañueco, va más allá al anunciar una «rebaja fiscal histórica». Tras ellos, en un copia y pega, diversos presidentes autonómicos, todos del PP, anuncian también reducciones tributarias.
El abaratamiento fiscal siempre es una buena noticia. Muy bien acogida, muy popular y muy populista, que contribuye a mejorar la imagen de quien lo aprueba; de forma especial, ahora que tenemos elecciones municipales y autonómicas en el horizonte. Pero tiene un efecto negativo que alguien debería explicar y justificar. Porque solo las tres comunidades señaladas restan a las arcas públicas 9.700 millones de euros, a los que hay que añadir 2.500 del País Vasco y más de 1.500 de Galicia, Asturias y Valencia. Y entre unos y otros y por diferentes conceptos, nos aproximamos a los 20.000 millones. Después se desgañitan exigiendo más financiación al Gobierno.
El resultado de estas decisiones está a la vista de todos. No nos engañemos. Los recortes fiscales vienen siempre acompañados de recortes en sanidad, educación, dependencia y en todos los servicios sociales. España tiene una de las fiscalidades más bajas de Europa. Y no solo no se corrige, sino que se acentúa por decisiones únicamente electorales. Y es que ante unas urnas poco importa el estado de bienestar. Ni la felicidad de los ciudadanos.