Anda estos días la ministra de Igualdad, Irene Montero, soportando como buenamente puede la tormenta desatada por la ley del «solo sí es sí». Que no es un asunto menor. Porque está logrando el efecto contrario al buscado, y así tenemos una alarma social en toda regla y en la calle ya a algún pederasta y varios violadores. Y los que pueden salir, porque la chapuza es monumental.
La ministra Montero tiene por costumbre no asumir sus errores y buscar siempre un responsable. En esta ocasión, los jueces, a los que acusa de aplicar torticeramente la ley. Pero, quizás más que nunca, la ministra debe ser liberada de gran parte de la carga de realizar una modificación con deficiencias jurídicas importantes. Cierto que ella se adjudicó un protagonismo que se le está volviendo en contra, pero no es la única responsable.
Porque la reforma, antes de ver la luz, ha pasado al menos por novecientas manos. Por poner una cifra. Consejo de Ministros, dos ministerios, Congreso, Senado, Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal, Consejo de Estado, comisiones de Justicia de ambas cámaras, expertos de todo tipo, asesores, ayudantes, allegados y demás familia. De todo tipo. También magistrados progresistas de Jueces para la Democracia y otros que destacan por su compromiso contra la violencia machista. Y todo esto durante cuatro años, que es cuando comenzó a circular el texto aprobado en agosto, dos años y medio después de que lo viese el Consejo de Ministros por primera vez.
Y así estamos, en un lío de los que marcan época. Porque mientras el Supremo comienza a estudiar las peticiones de rebaja de condena y la Fiscalía analiza cada caso, sus señorías enfrentan sus posturas, sin posibilidad de acuerdo. Ni en el propio Gobierno. Unos exigen el retoque necesario para remediar la situación, otros dejar las cosas como están y, los demás, aguardar a que se unifique la doctrina.
En lo que sí parecen estar de acuerdo es en que el enredo se hubiese arreglado con una disposición transitoria, habitual en las reformas del Código Penal, para acotar los efectos no deseados. Mucho más sencillo. El lío se hubiese solucionado si los novecientos, o los que sean, incapaces hubiesen leído las modificaciones que se pretendían. O, dicho de otra forma, si hubiesen cumplido con sus obligaciones. Que es para lo que les pagamos.