El asunto requiere una lectura previa básica: el PP lleva cuatro años bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, manteniendo de forma espuria una mayoría conservadora que no le corresponde. Paralelamente, los vocales afines impiden también que se renueve el Tribunal Constitucional desde hace cinco meses. Cualquier análisis que no parta de estos hechos es fallido o/e interesado. El resultado es que dos órganos claves en nuestro Estado de derecho han perdido credibilidad, convertidos en una especie de búnkeres antigubernamentales. Ante esta situación anómala, el Gobierno decidió tirar por la calle de en medio, atropelladamente, para poder nombrar a sus dos candidatos en el Constitucional, a lo que tiene derecho. La tramitación dentro de una proposición de ley de reforma del Código Penal, deprisa y corriendo, dentro de una vorágine legislativa, no era desde luego la mejor manera de abordarlo. Una práctica abusiva que, hay que recordar, ya utilizaron anteriores Gobiernos del PP y del PSOE. Los populares decidieron presentar un recurso de amparo ante el Constitucional para que ni siquiera se votara en el Congreso, lo que habría supuesto una intromisión preventiva sin precedentes en el poder legislativo. El tribunal aplazó su decisión, aunque mantiene la amenaza para el Senado. De tal forma que dos magistrados con su mandato caducado, entre ellos el presidente, González-Trevijano, decidirán sobre una reforma de la que depende mantener sus cargos y sus cuantiosos sueldos. Mientras, pasa el tiempo, meses, años, sigue el barullo y el ruido, acabará la legislatura, y el PP habrá logrado su objetivo: atrincherarse en el CGPJ y el TC, al coste que sea, incumpliendo el mandato constitucional.