De pesca legal y sostenible: acción y evaluación
OPINIÓN
Hace unas semanas, el Consello de Contas organizó por primera vez en Galicia la presentación de un informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo, reuniendo en Compostela a toda la comunidad del control externo de España, la conciencia de la gestión pública, desde el Tribunal de Cuentas a los órganos independientes de control autonómicos. Y todo ello con un doble objetivo.
En primer lugar, destacar la relevancia y oportunidad del informe del Tribunal de Cuentas Europeo centrado en la evaluación de la acción de la UE contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. La UE es el mayor importador mundial de productos de la pesca, un 60 % de los que llegan al plato del consumidor europeo son de fuera de una Unión, que concentra el 6 % de la producción pesquera mundial a partir de capturas. Por otra parte, Galicia es la comunidad que concentra más del 10 % de las descargas de pescado fresco de la UE, el 20 % de la producción acuícola europea y la primera referencia comunitaria en elaboración de conservas de pescado y marisco. Y, en este ámbito, el tribunal, en su informe, destaca el grado de madurez y solidez del sistema español de garantía de la legalidad de los productos de la pesca que llegan al plato del consumidor. Si la solidez de una cadena viene determinada por su eslabón más débil, la capacidad institucional española en este ámbito es el eslabón más fuerte en cuanto al régimen de control y verificación efectuado, superior en cuanto al nivel de sofisticación de los sistemas informáticos y el alcance y calidad de los controles a Dinamarca, Francia o Suecia.
En épocas de turbulencia, como la presente, es obligado poner en valor la acción contra, quizás, la mayor amenaza para los ecosistemas marinos, en un momento en que la FAO estima que el 34,2 % de las poblaciones están sobreexplotadas. Señala el guardián de las finanzas europeas que la legalidad no necesariamente garantiza la sostenibilidad, pero, permítanme añadir, seguro que la ilegalidad garantiza la no sostenibilidad, y es de justicia tener en cuenta la labor de quien cuenta con los estándares y prácticas más elevadas de cumplimiento en este ámbito.
Lo dicho más que justificaría el interés en la presentación del informe en Galicia, pero, para el Consello de Contas, esta actuación se enmarca en un horizonte estratégico de redefinición de su función, el business as usual, centrado en la legalidad y regularidad del gasto e ingreso público, cede paso a nuevas preocupaciones vinculadas a los impactos y efectos de los programas de acción pública. Economía, eficacia y eficiencia, pero también equidad y sostenibilidad en la era de las consecuencias, y no solo medioambiental, sino económica y social, frecuentemente olvidadas. Este tipo de productos acercan un nuevo enfoque en los trabajos del control externo y en su comunicación para convertirse en un instrumento más útil para el Parlamento y la ciudadanía de Galicia. En un momento como el actual de cambio de época, de la mano de la respuesta a la pandemia y con esquemas de riesgos de gestión admitidos y tolerados inéditos en el ámbito público, donde las entidades públicas se clasifican en dos categorías: las que han sufrido un ciberataque y quienes lo van a sufrir, con modelos de gestión de fondos europeos bajo esquemas de financiación basados en rendimiento y ya no exclusivamente en costes y derechos, no cabe otra lógica que la de la innovadora, que va mucho más allá de las alteraciones meramente incrementales.
El camino está trazado, y con hitos próximos como la reunión en Galicia de la Organización Europea de las Instituciones Regionales de Control Externo del Sector Público (Eurorai) en el próximo mes de mayo del 2023 para debatir sobre Evaluación de resultados e impactos de los programas de acción pública. Intercambio de experiencias.