Probablemente, de todos los debates sobre industrialización de Galicia —nuclear de Xove, Alúmina-Aluminio, el súper puerto de Arousa, Meirama, las centrales térmicas, Reganosa, Sogama y, más recientemente, las eólicas en tierra y mar o la incipiente minería metálica— fue en torno a las celulosas donde se dieron los más continuados debates en la sociedad gallega.
Acertaba Alfonso Zulueta de Haz en el año 1975 cuando, en el prólogo del libro Contaminación Industrial e Desenvolvemento, editado por SEPT —una editorial galleguista y de inspiración cristiana—, escribía: «Al enfrentar este problema (el de la celulosa) estamos proyectando el futuro, y proyectar el futuro no es solo predecirlo, sino también preestablecerlo». Un libro que recogía opiniones y debates en torno a las plantas de celulosa que se pretendían por entonces implantar en Galicia (Ponteceso y Ourense), además de la existente ya en Pontevedra. Una fábrica de celulosa con su fábrica de cloro-sosa asociada (Elnosa) —tecnología afortunadamente sustituida—, separada del grupo en el proceso privatizador y cerrada hace años por su último propietario, el grupo portugués Bondalti.
La Empresa Nacional de Celulosas de Pontevedra, entonces del INI, se inaugura en 1963. Su privatización se inicia en 1988 pero no será hasta el 2001 cuando finalice, previa compra de Celulosas de Asturias (Navia) en 1998. Una privatización de trece años en la que pesaban las sentencias judiciales por cuestiones medioambientales y los problemas derivados de su localización en una concesión de espacio público marítimo terrestre en Pontevedra. Un paradigma imperfecto de lo que algunos pretenden establecer como una concepción amplia de la cadena mar-industria y que tendrá sus siguientes eslabones ante la ley de cambio climático y en la ley gallega del litoral.
Los debates en Pontevedra se agudizaron a medida que se aproximaba la fecha de extinción de la concesión, prevista para el 13 de junio del 2018 por la ley de costas de 1988. Un escenario que la modificación de esa ley en el 2013 transformó, otorgando una ampliación de la concesión hasta el año 2073, a cambio de un compromiso de inversión de 61 millones de euros, para reducir la contaminación y los olores, por el Gobierno en funciones de Rajoy. Concesión anulada por la Audiencia Nacional que la reciente sentencia del Supremo, sostenida en informes medioambientales favorables, repone. Lo que pone fin a las movilizaciones empresariales y sindicales, con participación política, especialmente activos en días previos a la esperada sentencia. Actividad y ansia que incluso pretendió confundir la sentencia de la Audiencia con una decisión del Gobierno Frankenstein, y donde los actos y movilizaciones podrían interpretarse como llamadas de atención ante los efectos económicos y laborales negativos del cierre y a la vez preparación para la explotación de un éxito intuido. 125 años de la bioplanta de Ence en Pontevedra quizá han sido siempre un «horizonte preestablecido».