Una de dos. O el Gobierno de Pedro Sánchez está abonado a los despropósitos, o los tribunales le están echando un pulso por las reformas penales. Porque, sin acabar de superar los trastazos de la ley del «solo sí es sí», se le viene encima el varapalo por la reforma del Código Penal con la que se pretendía allanar la situación de los cabecillas de la «rebelión de los señoritos». Y que se llevó por delante el delito de sedición, sustituyéndolo por el de desórdenes públicos agravados, y pulió el de malversación.
Nadie tiene ya dudas de que la revisión trató de rebajar la tensión en Cataluña, lo que se ha logrado en gran medida, y favorecer a los procesados, pese a que siguen con la tabarra del «lo volveremos a hacer, juntos y mejor». Pero, de momento, a lo que vuelven es a la casilla de salida, porque en los casos de Oriol Junqueras y tres de sus devotos la condena por malversación agravada los aparta de la vida política hasta el 2031.
La decisión del Tribunal Supremo destroza la pretensión de que los condenados sean castigados por malversación atenuada, que era el objetivo de la reforma. Y en su regañina añade que «sería contrario a la más elemental lógica jurídica entender que quien hace suyos los fondos públicos incurre en una pena de prisión y quien los destina a una actividad delictiva o antijurídica pueda ser castigado con multa». O lo que es lo mismo, el fin no importa. Robar siempre es robar.
Pero no solo tumba la estrategia respecto a la malversación, sino que además le reprende por despenalizar la sedición aunque no existan acciones violentas. El Supremo reprocha dejar sin castigo cualquier intento de independizar un territorio modificando las instituciones. «El delito de sedición era algo más que un delito contra el orden público», dice, y su finalidad era «preparar el camino hacia la independencia». Y advierte que su supresión genera un vacío legal que permitirá que este tipo de hechos queden impunes a partir de ahora.
El mensaje, pues, que envía el Supremo es que ha de ser él y los jueces quienes eviten que el Estado quede desprotegido ante aventuras secesionistas como las del 2017.
Resulta evidente que existe un enfrentamiento, sin disimulos ya, entre la judicatura y el Gobierno. Y todo lo que acontece nos lleva a pensar que sin posibilidad de solución. Porque a cada movimiento del Ejecutivo le sucede otro de los tribunales rectificando lo decretado. La legislación permite realizar diferentes interpretaciones. Más de las imaginables. Lo vemos a diario en asuntos cotidianos. Y sobre un mismo delito, un tribunal puede plantear un fallo y el contrario. Pero, por eso precisamente, el legislador debe dejar todo bien atado. Y en el caso de la subversión catalana, con mayor motivo. Para que no dudemos entre si se está echando un pulso o se hizo una chapuza. Y, sobre todo, para que no confirmemos la idea de que lo que quieren los jueces es gobernar.