La convocatoria urgente de elecciones generales es fruto indudable de la lectura de los datos arrojados por las urnas en las recientes elecciones municipales y autonómicas, y, por lo tanto, resulta fácil caer en la tentación de pensar que se trata de la segunda parte de un mismo partido, de la segunda escena de un mismo drama. Algunos están convencidos de que aplicar dicha perspectiva les resulta conveniente para sus objetivos, y otros, sin embargo, entendemos que puede constituir un serio error cuya consecuencia inmediata sería un resultado sorprendente.
Es indudable que las urnas han enviado un mensaje claro y contundente de aviso al Gobierno sobre las espaldas de muchos buenos alcaldes y alcaldesas, de muchos buenos presidentes y presidentas de diputación y de autonomía; pero, a diferencia de ocasiones anteriores, no se puede entender la ansiedad, la crispación, sobre la base de una crisis económica, de una situación de urgencia social, cuando la realidad es que se aprecia una evolución buena de los índices más fundamentales que nos hablan de una senda de recuperación económica en general. Es, por tanto, la crispación política la que debe ser señalada como responsable directa de esta situación, y es desde la política, más que desde la economía, desde donde los ciudadanos han de apreciar los movimientos necesarios para decidir su voto. Quien piense que estos resultados adelantan una debacle irreversible del PSOE, o una victoria incontestable del PP, pueden equivocarse y mucho.
El 28 de mayo, Castilla-La Mancha fue noticia singular por la reedición de la mayoría absoluta que habíamos alcanzado en el 2019, así como por la incertidumbre generada en algunos momentos por la distribución de escaños, a pesar de ir superando con creces el número de votos de los comicios anteriores. Esta mayoría se aprecia más destacable por el vuelco producido en ayuntamientos importantes y algunas diputaciones. Creo que hay tres ideas claras que explican o matizan estas sensaciones:
1. Nuestra ley electoral, heredada del último Gobierno popular, está pensada para primar a los grandes partidos y reducir al mínimo la presencia de terceros partidos, a prácticamente uno, que por la ley de D'Hondt puede quitar diputados indistintamente a diestro y siniestro y, por tanto, castigar a un partido que gana en votos.
2. Nosotros apostamos por una campaña limpia, sin insultos, sin ataques al adversario, ofreciendo la continuidad de una política de conciliación, pacto con la sociedad y estabilidad. Y el ciudadano es lo que pide: certidumbre, certeza de que el gobierno actúa buscando el bien común, dejando a la política su espacio propio, que no puede ser preponderante a la hora de tomar decisiones importantes.
3. El voto en las municipales permite enviar mensajes al Gobierno, a la política, muy claros, porque piensa que el alcalde o alcaldesa que salga buscará lo mejor para el municipio, y el posicionamiento político cederá a la lógica de la gestión local. Pero si el aviso es de hartazgo a este cambio del bipartidismo, a la política de bloques enfrentados, quien vive y encuentra su esencia en la tensión y la beligerancia debe captar igualmente el mensaje, porque no se trata de cambiar de bloque, sino de exigir certidumbre, sosiego y estabilidad para seguir con el indudable proceso de recuperación económica.
Este es el reto que nos pone por delante el 28-M y al que debemos responder el 23-J.