Insertado dentro del marco de gobernanza económica de la Unión, el Semestre Europeo es un ciclo que coordina las políticas económicas de los Estados miembros. Para ello, realiza recomendaciones sobre las áreas a mejorar y desarrollar por parte de los distintos países que conforman la UE. De manera reciente, la Comisión Europea hizo público el documento para España, en donde se relatan algunas cuestiones de no poca importancia para la mejora del empleo y de la productividad.
Destaca especialmente el aviso sobre la calidad regulatoria menguante de nuestro país. En concreto, se nos alerta de la excesiva fragmentación, con numerosas administraciones tomando decisiones sobre algunos aspectos que, en ocasiones, se solapan, dando lugar a duplicidades que complican a los agentes económico el desarrollo de sus actividades. En segundo lugar, la evaluación de las políticas públicas brilla por su ausencia. Un ejemplo es el bono social de electricidad, que lleva más de una década funcionando con claras deficiencias. Finalmente, el uso de figuras destinadas, en un principio, a situaciones excepcionales y de emergencia, como es el decreto ley, se adoptan por defecto, reduciendo el debate parlamentario y la calidad de la técnica legislativa.
¿Cómo afecta la complejidad regulatoria a la actividad económica? La regulación es la manera en la que las políticas económicas toman forma y, por lo tanto, causan un importante impacto en la generación de riqueza y empleo o en el volumen de inversiones. Precisamente, esta es la respuesta que han tratado de responder tres investigadores asociados al Banco de España en un documento de trabajo de reciente publicación.
El primer paso es definir lo que significa que un marco regulatorio sea complejo. El volumen o número de normas aprobadas es un buen indicador, ya que cuantas más leyes se aprueben, más probable es que empresas y particulares las incumplan, ya sea por desconocimiento de su existencia, ya sea por no saber cómo cumplir en tiempo y en forma. De hecho, esto provoca que acudan a despachos de abogados y asesores fiscales, aumentando la carga burocrática que deben soportar. Otra consecuencia no deseada es que se incremente la litigiosidad.
Los resultados son claros y contundentes. A mayor complejidad regulatoria, menor es la tasa de empleo. Como consecuencia, se producen cambios en las plantillas de las empresas, sustituyendo mano de obra por otro tipo de insumos cuyos costes son inferiores. Pero no solo se reduce la intensidad laboral, ya que, además, también lo hace la tasa de inversión empresarial. Los efectos negativos son menos intensos en las comunidades autónomas con una menor complejidad regulatoria, como es el caso de Madrid. Por ejemplo, si Andalucía y Cataluña añadieran la misma proporción de normas que Madrid y el País Vasco, tendrían un 1,4 % y un 0,25 % más de empleo y compañías, respectivamente. Las pymes y las empresas de nueva creación son las que más sufren esta complejidad.
En definitiva, que puedan existir fallos de mercado no es más que una condición necesaria, pero no suficiente, para que existan normas que traten de corregirlos. Si la calidad regulatoria es deficiente, como es el caso de España, los costes pueden ser, incluso, mayores.