En su retiro dorado, el expresidente Felipe González ha tenido una idea magistral. Propia de un gran estadista. Proponer que gobierne la lista más votada, imponiendo «pactos de centralidad» para acabar con lo que entiende que es la anomalía de la polarización política. Anomalía en la que, por cierto, vive la práctica totalidad de los países europeos en los que funcionan perfectamente coaliciones de gobierno.
La idea es de la época de Ramsés II y viene y va, a propuesta de populares y socialistas, en función de sus necesidades poselectorales. Aunque nunca se respete como acaba de ocurrir en ayuntamientos y autonomías y aconteció en consultas anteriores, pese a que, antes durante y después, nos dieron la matraca con la ingeniosa idea. Hasta el extremo de que caló de tal manera en la sociedad que en torno al 60 % de los españoles se muestran de acuerdo con ella.
La nuestra es una democracia representativa. No es preciso decir que el sistema electoral que nos dimos es parlamentario y proporcional. Que busca crear pluralismo y consensos. Ni tampoco hay que revelar que estas mentes privilegiadas o no se leyeron la Constitución, o están llamando a incumplirla.
Porque la medida choca frontalmente con lo recogido en la Carta Magna, que establece la necesidad de pactar programas de gobierno y en su artículo 99 marca el camino a seguir para la elección de presidente. Llevar a los gobiernos al partido más votado sí que es una anomalía. Porque el país sería ingobernable. La ausencia de una mayoría parlamentaria facilitaría un bloqueo político permanente ante la incapacidad de lograr acuerdos para cada uno de los asuntos. Para rizar el rizo, González propone que se apoye la lista ganadora sin nada a cambio. Porque «si no pides nada, tendrán que llegar a acuerdos en cada proyecto de ley y en el presupuesto».
Echemos la vista atrás y pensemos en los asuntos que habrían salido adelante en la legislatura que está a punto de acabar. Si el principal partido de la oposición no apoyó ni los decretos de estados de alarma, en uno de los peores momentos de nuestras vidas, ¿saldría adelante la reforma laboral que ahora es «sustancialmente buena»? ¿O la subida de pensiones? ¿Y el salario mínimo interprofesional y la legalización de la eutanasia? Y así todos y cada una de las reformas y avances, o lo que sean que, criticables o no, se habrían quedado en intento.
La idea de González abonando las tesis populares no tiene otra utilidad que agitar la precampaña. Que bastante agitada está ya. Es hablar por no estar callados. Porque el primer paso para lograr su propuesta es una reforma constitucional. Y está la cosa de los consensos como para eso.
Los expresidentes del Gobierno son como jarrones chinos en un apartamento. «Se supone que tienen valor y nadie se atreve a tirarlos a la basura, pero en realidad estorban en todas partes». Lo dijo el propio Felipe González. Pero debió de olvidarlo.