Felizmente superado el covid-19, todos pensamos que nada volvería a ser igual; que esa ola de empatía colectiva que había bañado a todos los supervivientes de la primera pandemia global retransmitida en directo nos haría mejores, más empáticos. Sin embargo, cuando volvimos a retomar con normalidad las avenidas de nuestra existencia, pudimos enseguida comprobar que la Administración pública seguía en modo covid, metida en su castillo, temerosa de contagiarse con las exigencias ciudadanas.
El tiempo va transcurriendo y así seguimos, con los ciudadanos en modo súbdito mirando hacia ese kafkiano castillo administrativo y analizando el cómo meterle el cuchillo al filete. El dislate ha llegado hasta el punto de que el Tribunal Supremo haya tenido que anular la orden de la Agencia Tributaria que exigía a todos los contribuyentes la presentación de la declaración del IRPF por medios electrónicos; algo que la Ley General Tributaria, en consonancia con la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recogía como un derecho y que la Administración tributaria convirtió en una obligación.
Lo mismo sucede con la obligatoriedad de la cita previa para interactuar con la Administración. Una posibilidad admisible solo como opción pero que la Administración está convirtiendo, por la vía de los hechos, en obligatoria; vulnerando sin el menor pudor los derechos de los ciudadanos bajo el manto de una presunta eficacia que hasta la fecha no ha sembrado más que el caos. Los gestores administrativos advierten de que se ha disparado la contratación de gestorías para la obtención de las citas previas y que, cada vez más, sus funciones les llevan a operar como ventanilla única de la Administración; una ventanilla única, por supuesto, privada. En esta cohabitación entre una estructura funcionarial propia del siglo pasado con los cada vez más avanzados medios de inteligencia artificial el gran perdedor es el ciudadano, ese al que están obligados a servir, en definitiva: el que paga la fiesta con sus impuestos. Supongo que a estas alturas ya se habrá cuantificado, en términos de PIB, el descalabro que esta disfunción supone para nuestra economía; cualquier ciudadano que a título personal o en su actividad profesional o empresarial haya intentado una gestión con los servicios públicos sabe de lo que hablo. Una Administración que no se organice para hacer del administrado, al que sirve por definición, el eje real y no solo nominal de sus políticas, jamás funcionará eficazmente. Esta realidad, lamentablemente, consigue facilitar argumentos a quienes se preguntan si realmente vale la pena mantener algo tan costoso y cada vez más hostil para con el ciudadano. La solución no parece fácil. En España hemos construido un sistema competencial en el que todas las responsabilidades son compartidas, que es la mejor manera de declararse irresponsable de lo que no funciona. Sobra siempre a quien echar la culpa, y así es muy difícil cambiar nada.