Los acuerdos alcanzados por el Partido Socialista Obrero Español con los partidos independentistas están dando mucho de qué hablar. Una de las cuestiones que ha tenido más presencia en la conversación pública es la condonación del 20 % de la deuda que mantiene Cataluña a través del conocido como Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) con el Estado. Esto supone cancelar 15.000 millones de euros de deuda, además de otros 1.300 millones de euros en concepto de intereses. Esta medida sería de alcance general para todas las comunidades autónomas de régimen común.
El FLA fue un mecanismo extraordinario de liquidez creado por el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2012. En aquel año, las comunidades autónomas estaban teniendo dificultades para acceder a los mercados de crédito, y las que sí podían acceder debían hacer frente a intereses excesivos. El Gobierno central, mediante el FLA, actuó como prestamista de última instancia, al facilitarles la liquidez necesaria. En el 2014 creó otro fondo de Facilidad Financiera para aquellas comunidades que cumpliesen con los objetivos de estabilidad presupuestaria —el FLA sería el instrumento utilizado para las regiones incumplidoras—.
Su uso ha sido muy desigual a lo largo de los 12 años de vida de estos mecanismos. Por ejemplo, Cataluña ha solicitado más de 100.000 millones de euros del FLA y la Comunidad Valenciana 80.000 millones de euros. Mientras, Galicia, Madrid y Castilla y León no han precisado de estos recursos, aunque sí de los procedentes del Fondo de Facilidad Financiera —Galicia ha solicitado 8.000 millones de euros—.
Actualmente, las comunidades autónomas deben al Estado 191.750 millones de euros. Destacan Cataluña y Valencia, con 73.000 y 48.300 millones de euros. Madrid no mantiene deuda viva en estos momentos, mientras que Galicia es de las regiones que menos cantidad adeuda, con 2.759 millones de euros. Hasta aquí el análisis descriptivo.
La condonación de deuda presenta dos problemas. El primero de ellos es que, dada la heterogeneidad entre territorios, se producen los denominados como agravios comparativos. Existe una clara asimetría que causa un rechazo por parte de las regiones que mejor han gestionado sus recursos, como es el caso de Galicia o Madrid. Además, los ciudadanos de estas comunidades autónomas tienen que asumir el coste de la condonación a las incumplidoras, ya que la deuda no desaparece, sino que se reparte entre todos los territorios.
Pero si se asume que sí se puede condonar esta deuda, se presenta el segundo problema: ¿qué criterio se debe seguir para perdonar a las regiones más endeudadas con el Estado? Establecer el 20 % de la deuda como referente para el cálculo ignora que no todas las comunidades autónomas se han endeudado debido a una deficiente gestión. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana tiene una financiación por debajo de la media, mientras que Cataluña dispone de unos recursos iguales al promedio de las regiones de régimen común.
La infrafinanciación proporcionada por el sistema de financiación autonómica justificaría el haber recurrido al FLA, y por lo tanto que se condonase parte del endeudamiento. Pero, utilizando este otro criterio, Cataluña no debería ser la comunidad que más se beneficie de la condonación. Su problema ha sido de gasto excesivo, en comparación con el de otras regiones.
Es decir, se premia su gestión irresponsable. Ya saben, hay que hacer de la necesidad, virtud.