Las administraciones públicas gestionan un sector público en Europa que es responsable del 51,5 % del PIB, que da empleo a cerca del 21 % de la mano de obra comunitaria y crea cada año un mercado de 670.000 millones de euros a través de contratos de obras públicas y suministros —Comunicación ComPAct UE—.
En esta época de «incertezas excesivas», donde caminamos a un 2024 en el que celebrarán elecciones 70 países en los que residen más de la mitad de la población mundial, en un entorno esencialmente turbulento, cabría plantearse si hay espacio para el cambio fundamentado en la evidencia y los datos en la gestión de lo público. En este «partido de cróquet» de Alicia en el país de las maravillas, donde no hay reglas y las pelotas son puercoespines con vida propia, los debates sobre la productividad del sector público no parecen prioritarios, más allá de los ruidos que inundan el debate público para oscurecerlo, y siendo conscientes que los números son otra forma de poesía, como decía hace años Deborah Stone: «El problema crucial a la hora de contar es qué contamos…, o lo que es lo mismo, qué incluimos o qué excluimos».
Cuando hablamos de evidencia en la gestión de lo público, hablamos de reducir el trabajo burocrático del profesorado en cinco horas a la semana en los próximos tres años, para que los dediquen a quienes necesitan más ayuda y no a pantallas; o de incrementar las horas de trabajo propiamente policial o de la economía de los cuidados en 38.000, a través de la aplicación de nuevas tecnologías y la reducción de la burocracia. Ese es el marco del debate en el Reino Unido para mejorar la productividad en el sector público, que creció un 0,2 % al año de media en las dos últimas décadas. En Francia se dice que lo que se mide, se sabe. En el ámbito anglosajón se aboga por un paso más: lo que se mide, se hace.
En este sentido, parece esencial que el debate sobre la legalidad y regularidad del gasto e ingreso público en Galicia, de la comunidad autónoma y su administración instrumental, como el Servizo Galego de Saúde (Sergas), pero también de las 360 entidades locales de Galicia, las tres universidades públicas o las corporaciones de derecho público, encuentre acomodo en la agenda de nuestro Pazo do Hórreo. Pero no solo que se debata de legalidad y regularidad contable, sino de economía, eficacia, eficiencia y sostenibilidad —económica, social y ambiental— de los programas de intervención de las administraciones públicas en Galicia. Y de sus impactos. Y ya también, por ejemplo, de otros temas esenciales como la ciberseguridad.
En Cataluña o Castilla y León, por citar dos ejemplos, que nos podrían llevar a la Cour des Comptes francesa o el Tribunal de Cuentas Europeo, la rendición de cuentas del órgano de control ante el parlamento es mensual y los informes se exponen de forma individualizada, lejos de los 222 millones de euros de gasto público por minuto de debate por estos lares. Decía Angela Merkel hace unos años: «Wir shaffen das» — podemos gestionar esto—, en relación a una situación política especialmente compleja que marcó el futuro de la solidaredad en Europa. Lo dicho, podemos gestionar esto. Mejor con evidencias.