Y no uno cualquiera. En palabras del primer ministro británico, Rishi Sunak, «uno de los mayores errores judiciales en la historia de nuestra nación». Unos 3.500 propietarios de pequeñas sucursales de una institución legendaria en el Reino Unido como es el Post Office Ltd., que se define como el «ancla de las comunidades locales», acusados injustamente. Más de 700 condenados por delitos como fraude y robo, y cientos demandados por la vía civil, declarados en quiebra y, en multitud de ocasiones, condenados al ostracismo social personal y familiar y, en cuatro ocasiones con resultado fatal. Y todo esto por un error en el sistema informático de gestión impuesto —Horizon— a las 11.500 pequeñas sucursales repartidas por el territorio, diseñado por una multinacional japonesa, que a través de accesos remotos a las cuentas de las sucursales creaba descuadres artificiales en sus contabilidades.
La respuesta institucional siempre era la misma. Esto solo te pasa a ti —cuando estaban afectadas una de cada tres sucursales— y por contrato de «franquicia» eres responsable de responder con tu patrimonio a los descuadres, sin más explicación, ni justificación. Si te declaras culpable, evitarás la condena penal y, eventualmente, la prisión. Y por supuesto, otro clásico: el software es «robusto e infalible». Las mismas respuestas de 1999 al 2015. Desde entonces, y a pesar de la intensa movilización de los afectados y de trabajos periodísticos extraordinarios, no ha existido una respuesta institucional. Ha tenido que ser el éxito de comienzo de año de una serie de televisión (Mr. Bates vs. The Post Office) el que ha provocado el anuncio de una ley de reparación de las víctimas para exonerar e indemnizar de forma inmediata a los afectados y restaurar la confianza en el sistema.
Este caso es algo más que un error judicial. Es un aviso a navegantes de la importancia de la transparencia, legible y no meramente cosmética, y no solo de las decisiones, sino de los procesos a través de los que se adoptan —cuánto se echa de menos una regulación de los conflictos de intereses y los lobis, accesos universales e instantáneos a los registros públicos, o auditorías de algoritmos, por ejemplo—. La receptividad a las demandas ciudadanas, la rendición de cuentas y dotar a la sociedad civil de herramientas para un control efectivo y real. Y asunción de responsabilidades. Veinte años después, nadie ha asumido responsabilidades, más allá de la devolución de una distinción honoraria. Y finalmente, que se escuche a los órganos de control independiente, algo más que opinadores, antes bien, un «componente esencial dentro de un sistema democrático en el que la rendición de cuentas, la transparencia y la integridad son partes indispensables para una democracia estable» (ISSAI 12).