Hace unos días, en este mismo diario se contaba la historia de Yevheniia, una estudiante de Psicología de Kiev que después de dos años en Teo, huyendo de la invasión rusa de su país, se ha convertido ya en Uxía y se «siente de aquí». Esta es una de las historias de una quinta parte de la población de Ucrania (el país tiene 37 millones de habitantes), en torno a 4 millones de personas a las que se ha garantizado una protección análoga a la de los refugiados en toda la Unión Europea. Las estimaciones calculan que aproximadamente una cuarta parte ya no regresarán a unas ciudades y pueblos que han dejado de existir bajo la «leche negra del alba» de un 24 de febrero. ¿Qué hacer ante este escenario, teniendo en cuenta la finalización del régimen de protección otorgado en aproximadamente un año y después de la experiencia bochornosa de los refugiados bosnios en la Alemania de comienzos de siglo?
Con la intención de explicar a la plaza «en tiempo real» lo que se ha hecho desde Galicia para atender esta crisis humanitaria, el Consello de Contas acaba de publicar un trabajo exprés —en 16 semanas—, un auténtico hito que lo sitúa a la par de la Cour des Comptes y sus trabajos flash, como el relativo al escándalo de la aplicación Scribe para procedimientos policiales —inservible seis años y 14 millones de euros después—. Siempre con Uxía en mente, se trata de responder a varias preguntas. La primera, sobre las 3.000 Uxías que llegaron a Galicia, de las cuales 800 son niñas y niños escolarizados: ¿cómo fue la respuesta institucional?, ¿estamos preparados para crisis venideras?, ¿se actuaría del mismo modo? La siguiente pregunta está centrada en la ejecución de las medidas propuestas en tiempo y forma. Y, finalmente, alguien previó que una respuesta de emergencia a corto plazo se convierta en un escenario de integración, porque ya no existen los lugares y los «espacios de cercanía» de partida.
Estas preguntas se convierten en siete conclusiones y siete recomendaciones. Las respuestas de emergencia requieren protocolos y coordinación, también en relación con la participación de entidades privadas. Lo urgente no puede oscurecer la importancia de gestionar los riesgos a medio plazo, como la protección y la amenaza de quedar sin hogar a medida que finalicen los patrocinios públicos. Las medidas de respuesta «ágiles» y a corto plazo no se pueden convertir en la solución universal, amparando por ejemplo costes unitarios que oscilan desde los 69,38 euros a los 538,38 euros per cápita. En este sentido, resulta imprescindible que se planifique y se utilicen herramientas a disposición de todas las entidades, como los acuerdos-marco o los costes estándar.
En síntesis, colaboración desde el control para hacer frente a problemas complejos, con limitada capacidad institucional, pero «en tiempo real», porque, a la postre, Yevheniia ya es Uxía.