Creo que es muy pertinente tratar la cuestión de la singularidad. No se debe preocupar el profesor Mira, porque no voy a discutir el concepto desde la óptica de la física, aunque su definición se ajusta bastante a lo que preocupa a quien escribe esta columna: un punto en el espacio-tiempo donde las leyes de la física dejan de ser aplicables. La singularidad de la que me gustaría hablar es la de la financiación de Cataluña.
De nuevo, la motivación política, en este caso el PSC-PSOE tratando de convencer a ERC para hacer a Illa presidente de la Generalitat, es lo que inicia la conversación pública al respecto. Lo cierto es que la reforma lleva esperando una década. Las excusas para no llevarla a cabo son de una intensidad inversamente proporcional a la voluntad política por lograr un acuerdo.
Los recursos del sistema tienen como origen el 75 % de la recaudación normativa de las comunidades autónomas. La recaudación normativa calcula, de manera imperfecta, la recaudación de diversos tributos cedidos suponiendo que los gobiernos regionales no hubiesen hecho uso de sus competencias para alterar la escala de referencia fijada por el Estado. Además, el Gobierno central también aporta una cantidad adicional al sistema. En total son 98.500 millones de euros.
Para repartir esos recursos se consideran ciertas variables como la población o la dispersión. De esta manera, cada región recibe del sistema los recursos que necesita para financiar los servicios públicos fundamentales. El sistema no está diseñado para corregir desigualdades, sino para nivelar, es decir, que todas las comunidades, a excepción del País Vasco y Navarra, cuenten con una financiación por habitante ajustado similar.
Las regiones con mayor capacidad fiscal aportan más al sistema. Es el caso de Madrid, Cataluña y Andalucía. Pero a la hora de repartir, solo se tiene en cuenta la población ajustada. Si en Cataluña el coste de prestar los servicios por habitante ajustado fuese elevado, por mucho que aportase, recibiría más. No es el caso; Madrid, Cataluña y Baleares son las únicas que cuentan con un saldo negativo.
Después entran en juego otros fondos discrecionales que desvirtúan el sistema. Es por eso que algunas regiones reciben más recursos por habitante que otras. Cataluña está en la media, así que no, no está maltratada. Y si no, solamente hace falta ver cómo están un poco más al sur (Valencia y Murcia).
Otorgar un pacto fiscal a Cataluña para que salga del sistema de régimen común es conceder un privilegio a una parte de los ciudadanos sobre el resto. Además, serían los madrileños quienes se harían cargo de la mayor parte de los recursos que los catalanes dejarían de aportar al sistema. Otra cuestión diferente es que el deseo fuese tener una mayor autonomía, pero sin modificar la participación catalana en el sistema de nivelación (poco creíble). Esta reforma sí es deseable y debería ser generalizable al resto de regiones.
Lo cierto es que el debate de la financiación autonómica se parece cada vez más a un agujero negro. Todo lo que entra, parece no tener salida en forma de una reforma creíble y de consenso.