De las innumerables fechas que marcan el desarrollo de la red viaria gallega, una que juega un papel determinante en lo que sería el futuro de nuestra comunidad: 16 de octubre de 1973, data en la que se constituyó la sociedad concesionaria creada para construir, conservar y explotar la Autopista del Atlántico. La sociedad significó el inicio de un largo camino que culminó en una primera etapa, en abril de 1979, con la puesta en servicio del primer tramo de la autopista. Desde ese momento, la concesionaria no ha dejado de cobrar los correspondientes peajes a los usuarios y no dejará de hacerlo hasta el año 2048, cuando finalice el plazo concesional. En definitiva, 75 años cobrando por el uso de la única vía de altas prestaciones que conecta los principales núcleos urbanos de Galicia, nuestros puertos de interés general y los polígonos industriales principales, vertebrando toda la fachada atlántica gallega, sin que exista otra alternativa viaria de alta capacidad.
La concesionaria cobra, pero, sin duda, es interesante analizar la evolución respecto a la procedencia de los ingresos por los peajes. En una primera etapa, que coincide básicamente con el período de construcción, que se prolongó durante unos treinta años, la gran mayoría de la sociedad gallega, así como la opinión pública, centraban sus anhelos principalmente en la finalización de la infraestructura. El coste por el uso era una cuestión secundaria. Fue a principios del presente siglo cuando se inician las demandas en relación con los costes de los peajes: inicialmente en los tramos de tráfico metropolitano (entornos de A Coruña y Vigo). Esas demandas llevaron a las administraciones a implantar diversas iniciativas para subvencionar los recorridos de los usuarios habituales, de tal forma que la concesionaria sigue cobrando, pero una parte de sus ingresos, en un porcentaje cada vez mayor, proceden del presupuesto del Ministerio de Fomento a través de las referidas subvenciones.
En definitiva, en estos momentos los usuarios —principalmente gallegos— y los presupuestos del Estado —es decir, todos los contribuyentes, incluidos los gallegos— estamos pagando por el uso de una infraestructura perteneciente a una red de interés general que en el resto del territorio nacional y en la inmensa mayoría de sus kilómetros no tiene peaje. La transferencia a Galicia, tal y como demanda, de forma unánime y reiterada, el Parlamento gallego, posibilitará una gestión más próxima y sensible. Si, además, esa transferencia se realiza sin la carga concesional, no cabe duda de que se habrá alcanzado el «punto final» de la AP-9.
No obstante, me permito sugerir una segunda alternativa, sin duda más complicada y valiente, que posibilitaría resolver no solo el agravio del peaje de la AP-9, sino el resto de casos semejantes repartidos por nuestra geografía nacional: desde la conexión de Santiago con Ourense a los accesos a Madrid por Guadarrama, las conexiones de Ávila o Segovia o la autopista de acceso a Asturias, por señalar algunos:
Habría que abordar la situación con visión de largo plazo, altura de miras y valentía, planificando y proponiendo la conformación de una red de carreteras nacionales de alta capacidad, homogénea en su diseño y también en su gestión, en la que no existieran agravios entre unos ciudadanos y otros. Una red de interés general fruto de una reflexión técnica y de un imprescindible consenso con todos los territorios del Estado. Una red que cohesione y vertebre todo el territorio, que garantice las conexiones actuales y también las pendientes y que tenga asegurada su explotación y conservación a través de las dotaciones presupuestarias suficientes que provengan de un mecanismo de financiación que sea justo, equilibrado, equitativo, progresivo y consensuado, para de esta forma evitar los agravios actuales.