En uno de mis pueblos, principios de los sesenta, había un juez justo. El Patrimonio Forestal del Estado gestionaba los montes que antes fueron comunales o de vecinos, llevando a cabo la repoblación forestal con el consiguiente quebranto para los intereses de los vecinos. Intereses y economías de obvia escasez y escaso vivir. Lo que llevaba a algunos a prender fuego a aquellos montes reforestados sin su permiso, que tenían por suyos. Algo que estaba penado. Por lo que la Guardia Civil procedía a su detención. Y así era posible ver al relojero, al zapatero, al barbero, al hojalatero y otros labriegos a la sombra de una morera en la entrada del depósito municipal. Hasta que don Marcial, un juez justo, ordenó su libertad bajo palabra de no volver a incendiar aquellos que fueron sus montes y eran del Patrimonio Forestal del Estado.
Desde entonces atiendo, veo y leo de jueces y juzgados. Los del Tribunal de Orden Público, el Proceso de Burgos o el 1001. El caso Matesa, o el caso Reace del aceite en Redondela. También aquellos que no vieron delito en la muerte de Enrique Ruano.
Hasta que llegó la Transición, y el golpe del 23 de febrero y sus sentencias. O el juicio que no tuvo Pujol por Banca Catalana. O los que sí hubo por Rumasa o Mario Conde. Más todos aquellos de la corrupción socialista, de Filesa a Time Expor. O Segundo Marey, Lasa y Zabala, y los GAL. Luego las ranas de Aguirre, con Ignacio González y Granados, la Púnica y luego la Gürtel del PP. Una Gürtel que empezó con la condena al juez Baltasar Garzón por prevaricación, y aún sigue con el juez De Prada, ponente de la sentencia, vetado en el poder judicial. Para otros jueces, otras varas.
Jueces frente a los ministros Matas, Zaplana o Rato. O el juicio de los ERE de Andalucía, hoy en revisión por el Constitucional. donde además de juzgarse un gran fraude en Empleo, se condenó a la cúpula socialista de Andalucía. Hoy, aquí, tribunales con las eólicas o las minas, contestados por el Ejecutivo gallego, urgiendo a Europa. O los de Irene Montero e Iglesias, ante su casa.
De ahora mismo la impunidad concedida al presidente Trump por el Supremo, ante el asalto al Capitolio, un 6 de enero. «Un rey por encima de la ley», dijo la juez Sotomayor. Ya empezaron en Florida, elecciones del 2000, el Supremo paralizó el recuento. Ganó Bush. Hagan memoria.
Jueces, frente una ley de amnistía del Parlamento español, para seguir juzgando todavía las responsabilidades del independentismo catalán. Aquellas que el Gobierno de Rajoy no fue quién de atajar aquel 6 y 7 de septiembre, donde se atentó contra la democracia, con la aplicación del 155. Para llegar a ello mes y medio después. Dejando en manos de la justicia una solución imposible al conflicto catalán. Con sentencias y autos de jueces a la espera del Tribunal Constitucional, y a no dudar del Tribunal de Justicia Europeo, para resolver el choque entre el poder judicial y el legislativo. Y la incertidumbre de los españoles ante la justicia, y los jueces.